Un proyecto de ley de California para pagar las prestaciones de desempleo a los trabajadores en huelga volvió a ser aprobado por el Senado del estado, pese a haber sido vetado por el gobernador Gavin Newsom el año pasado.
El proyecto de ley 1116 del Senado, cuyo autor es el senador demócrata Anthony Portantino, fue aprobado por el Senado el 21 de mayo por unanimidad de los partidos y ahora se dirige a la Asamblea.
La ley actual prohíbe a los trabajadores en huelga recibir prestaciones por desempleo, lo que, según el senador, es un obstáculo importante para muchos trabajadores en huelga.
«Los trabajadores no se declaran en huelga porque quieran, generalmente lo hacen como último recurso», declaró el Sr. Portantino el 24 de abril, tras la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Empleo Público y Jubilación del Senado.
Nueva York y Nueva Jersey permiten a los trabajadores en huelga cobrar prestaciones y recientemente han ampliado el derecho a percibirlas, añadió el senador.
Si este año el gobernador aprueba y promulga la ley, los trabajadores en huelga que tengan un conflicto laboral con una empresa de cualquier tamaño podrán empezar a cobrar el subsidio de desempleo al cabo de dos semanas.
Los trabajadores que paren a causa de un cierre patronal, que es un paro laboral iniciado por la dirección de una empresa durante un conflicto laboral, también tendrían derecho a las prestaciones.
El proyecto de ley es una repetición de la Ley del Senado 799 del año pasado, cuyo autor también es el Sr. Portantino. El gobernador Newsom vetó ese proyecto de ley, argumentado en ese momento, que es debido a la deuda que se añadiría al Fondo de Seguro de Desempleo del estado, que actualmente está sobrecargado después de la pandemia de COVID-19.
La Asociación de Contribuyentes de California, un grupo sin ánimo de lucro de investigación y defensa fiscal, prevé que la deuda del fondo alcance casi los 21,000 millones de dólares a finales de año.
En marzo, la Cámara de Comercio de California calificó el proyecto de ley como «destructor del empleo», afirmando que aumentaría los impuestos a los empresarios de todo el estado y pondría el programa estatal del Seguro de Desempleo en riesgo de violar la ley federal.
El proyecto de ley aumentaría los pagos exigidos a los empresarios del estado, pero los funcionarios estatales aún no saben cuánto más tendrían que pagar, según un análisis del proyecto de ley.
El Departamento de Desarrollo del Empleo del estado, que supervisa el fondo de desempleo, dijo que el proyecto de ley podría afectar indirectamente a la devolución del préstamo federal pendiente de 18,000 millones de dólares del seguro de desempleo de California recibido durante la pandemia, según el análisis.
La medida está patrocinada por la Federación Laboral de California y varios sindicatos, y coescrita por la senadora María Elena Durazo.
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