Con los precios de los servicios públicos presionando los presupuestos familiares en California, algunos están cuestionando el papel desempeñado por los «impuestos ocultos» derivados de los mandatos climáticos del estado.
Estas políticas se derivan de los objetivos del estado encaminados a lograr un 90 por ciento de “electricidad limpia” y una economía neutra en carbono para 2045, según lo definido por la legislación aprobada en 2022.
“Estos mandatos energéticos aumentaron las tarifas de los servicios públicos”, dijo el asambleísta James Gallagher, líder republicano de la Asamblea, a The Epoch Times el 26 de febrero. “Todo esto tiene un costo”.
Los californianos pagaron alrededor de un 67 por ciento más que el promedio nacional por la electricidad en 2022 y alrededor de un 30 por ciento más por el gas natural, según el promedio de los precios. Algunos residentes del Estado Dorado pagan hasta cinco veces la tarifa por kilovatio hora en comparación con las zonas de precios más bajos del país.
Las tarifas de servicios públicos para algunos clientes se han disparado un 127 por ciento desde 2013, con 11 aumentos desde 2019. Actualmente, la Comisión de Servicios Públicos de California está considerando más incrementos, lo que podría provocar otro aumento del 14 por ciento este año.
Un estudio de 2023 realizado por la Fundación Transparencia, una organización no partidista, con sede en San Diego, encontró que USD 4500 millones en tarifas e impuestos de California asociados con la aplicación de agendas relacionadas con el clima están provocando que las facturas de los consumidores aumenten en al menos un tercio y hasta un 50 por ciento. Algunos expertos estiman que el costo de los mandatos que soportan los consumidores asciende a cientos de miles de millones (y potencialmente billones) de dólares.
«El público tiene derecho a saber que se le está obligando a pagar tarifas de servicios públicos más altas de las que debería pagar, y los formuladores de políticas deben tomar medidas inmediatas para brindar ayuda», dijo Carl DeMaio, presidente de la fundación, en un comunicado de prensa que acompaña el estudio. “Está claro que los políticos de California están tratando de obligar a los residentes a financiar los altos costos de la implementación temprana de la controvertida transición del Green New Deal en California, y las tasas probablemente se cuadriplicarán en la próxima década si esta transición equivocada continúa”.
Las solicitudes de aumento de tarifas a la comisión de servicios públicos del estado presentadas por Pacific Gas & Electric en 2023 confirman el costo adicional de cumplir con las políticas estatales, diciendo que están impulsadas por “el impacto de la estrategia de descarbonización del estado”.
Culpando a las decisiones del pasado por los significativos aumentos, el Sr. DeMaio dijo que los políticos tienen el poder de ayudar a los consumidores invirtiendo el curso.
«Hay muchas maneras en que los políticos estatales pueden deshacer el daño que han causado, pero tienen que actuar rápidamente», dijo en el comunicado de prensa. “Sin embargo, dudo que actúen sin una revuelta sustancial del público, y eso requerirá un esfuerzo masivo de educación pública”.
Según el estudio, a medida que se implementen más mandatos, incluyendo la exigencia de que los vehículos vendidos en el estado sean cero emisiones para 2035 y la prohibición de vender aparatos de gas natural para hogares y empresas a partir de 2030, las tarifas aumentarán junto con la demanda impuesta a la red eléctrica.
Además, a todos los hogares y negocios que excedan los niveles considerados apropiados por los reguladores designados por el estado se les impone un impuesto del 25 por ciento por «uso elevado».
Los investigadores también observaron que las regulaciones que limitan las ganancias de las empresas de servicios públicos no mantienen los precios bajos, porque los costos de los mandatos climáticos se recuperan mediante la aprobación de aumentos de tarifas.
«Es casi seguro que esta es la razón por la que las empresas de servicios públicos guardan silencio sobre los verdaderos factores que impulsan los aumentos de costos para los contribuyentes», escribieron los investigadores en el informe.
Gallagher, el asambleísta, estuvo de acuerdo y dijo que el resultado neto es más ganancias para las empresas a expensas de los consumidores.
«Están obteniendo un retorno garantizado de esa inversión», dijo Gallagher.
Las restricciones de suministro que limitan la producción de gas natural y energía nuclear están afectando aún más los bolsillos de los consumidores, según el estudio, al obligar a las empresas de servicios públicos a comprar energía y combustible de otros estados.
Los precios del gas natural se dispararon aproximadamente cinco veces entre febrero de 2022 y enero de 2023, un shock para los consumidores que la comisión de servicios públicos dijo que está investigando.
“Es esencial que los contribuyentes y la [comisión de servicios públicos] obtengan una explicación completa de las causas fundamentales de los precios extraordinariamente altos del gas natural… que son insostenibles”, dijo la comisionada Genevieve Shiroma en un comunicado de prensa de marzo de 2023. «También es esencial que la [comisión] determine si se puede hacer más para brindar ayuda y comprender si otras entidades reguladoras tienen la autoridad para hacer más».
Si bien el estado alguna vez fue un exportador neto de gas natural, alrededor del 85 por ciento del combustible utilizado en el estado ahora se importa debido a las prohibiciones sobre la producción de petróleo y gas, según el informe.
Según los expertos, los impuestos de límites máximos y comercio que cobran a las empresas por las emisiones también aumentan el costo de la energía, ya que todas las tarifas se trasladan a los consumidores.
“Todo esto que hemos estado haciendo sobre el clima es muy caro y va a volverse más caro”, dijo Gallagher. «Esto nos hará menos eficientes».
Las políticas centradas en la producción eólica y solar también están afectando a los consumidores, ya que la energía producida es más costosa y menos confiable, según el informe.
Por la noche y cuando no sopla viento, el estado depende del gas natural para alimentar su red eléctrica, como lo demuestra el tablero de suministro de energía mantenido por el Operador Independiente del Sistema de California.
Además, según los expertos, la mala gestión forestal está provocando que los precios de los servicios públicos se disparen y está generando más emisiones de carbono de las que se evitan mediante los mandatos climáticos del estado.
El Departamento del Interior de Estados Unidos estimó que en 2018 los incendios forestales produjeron aproximadamente 68 millones de toneladas de emisiones de carbono.
Un estudio del programa de Bosques de la Universidad de Berkeley encontró que los bosques en el estado con altos niveles de árboles muertos, debido a la alta densidad y la gestión limitada, están reduciendo las capacidades de secuestro de carbono (el proceso mediante el cual el carbono se elimina de la atmósfera por medios naturales) y aumentando el riesgo de incendios forestales.
Gastar más en gestión forestal para reducir el peligro de incendios es una opción que algunos creen que podría resultar más eficiente y eficaz para reducir las emisiones.
«Hay formas de reducir las emisiones de carbono a un costo menor, pero los demócratas han elegido el plan de reducción de carbono más costoso y todos estamos pagando el precio», dijo Gallagher. «Su forma de abordarlo es hacerte pagar lo más posible con una reducción mínima de carbono».
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