Una medida de construcción educativa de USD 10 mil millones fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura de California y fue aprobada por el gobernador el 3 de julio, asegurando que será colocada en la boleta electoral de noviembre.
El Senado aprobó el proyecto de ley con una votación de 34-3. Los senadores republicanos Brian Dahle, Brian Jones y Kelly Seyarto votaron en contra del proyecto de ley.
También aprobó la Asamblea 72-1, con un solo voto de oposición del asambleísta republicano Bill Essayli.
La medida de bonos, Assembly Bill 247, pedía originalmente USD 14,000 millones para reparar las instalaciones escolares e invertir en modernización. Después de largas negociaciones entre los legisladores, el proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Educación del Senado el 1 de julio con la cantidad modificada.
Un bono de resiliencia climática, el proyecto de ley 867 del Senado, también se fijó en USD 10,000 millones. Fue aprobada por ambas cámaras y por el gobernador el 3 de julio.
La legislación sobre el clima afectado a la cantidad de bonos para los fondos de educación, de acuerdo con el asambleísta demócrata Al Muratsuchi, el autor principal del proyecto de ley de educación.
«Hubo discusiones sobre la limitación de la deuda total de bonos que se iba a proponer, por lo que la combinación de los bonos de educación y del clima llevó a que el bono de educación fuera limitado», dijo a The Epoch Times el 1 de julio.
El bono se centra en la asignación de fondos estatales para reparar edificios escolares de al menos 75 años de antigüedad. También financia la realización de pruebas y la eliminación de la contaminación por plomo en los sistemas de abastecimiento de agua de las escuelas.
La fecha límite para incluir nuevas medidas en la papeleta electoral de noviembre era el 3 de julio, que marca el inicio del receso legislativo de verano.
«Históricamente, los distritos escolares siempre han dependido de las medidas de bonos locales para hacer frente a las necesidades de instalaciones, por lo que este bono escolar a nivel estatal proporcionaría dólares de contrapartida para estos distritos escolares locales», dijo el Sr. Muratsuchi.
El bufete de abogados de derechos civiles Public Advocates argumentó en una carta dirigida al gobernador Gavin Newsom en febrero que en California, «los distritos escolares de menor riqueza son necesariamente incapaces de acceder a tantos fondos para la modernización de las instalaciones como los distritos escolares de mayor riqueza».
La firma dijo que esto «sistemáticamente pone en desventaja a los distritos de menor riqueza».
La medida de bonos actual tiene como objetivo abordar esta preocupación mediante el aumento de las cuotas de financiación estatal para ciertos distritos «en función de la capacidad del distrito para generar fondos locales, los porcentajes de bajos ingresos, cuidado de crianza, y los estudiantes de inglés, si el distrito tiene menos de 200 estudiantes, y si el proyecto del distrito tiene un acuerdo de proyecto de trabajo», según un análisis del Senado.
El asambleísta republicano Bill Essayli citó los sombríos problemas presupuestarios del estado como factor principal de su oposición a la medida.
«Estamos sin dinero, y los bonos no son dinero gratis», declaró a The Epoch Times.
Según un análisis de la Comisión de Educación del Senado, la medida de bonos asignaría:
- 3000 millones de dólares para la construcción de nuevas instalaciones escolares,
- 4000 millones de dólares para la modernización de las instalaciones escolares y 115 millones de dólares para el análisis y saneamiento del agua,
- 600 millones de dólares para proporcionar instalaciones escolares a las escuelas concertadas,
- 1500 millones para colegios comunitarios,
- 600 millones para instalaciones de educación técnica profesional.
Los votantes de California se oponen en gran medida a la emisión de bonos estatales este año, según una encuesta de junio del Instituto de Políticas Públicas de California que encontró que el 64 por ciento de los votantes probables dicen que 2024 es un «‘mal momento’ para emitir bonos estatales para programas estatales y proyectos de infraestructura».
Si se aprueba, la medida de mejora escolar sería el primer bono de construcción educativa aprobado por los votantes desde 2016, cuando los californianos aprobaron la Proposición 51. Esa medida autorizó USD 7 mil millones para la construcción y reparación de instalaciones escolares públicas.
Travis Gillmore contribuyó a este artículo.
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