Varios congresistas celebraron que este lunes la Cámara de Representantes aprobó una ley bipartidista que pretende evitar el reconocimiento jurídico en los Estados Unidos de las marcas que fueron confiscadas por el régimen castrista.
La Ley para No Privilegiar en Estados Unidos Marcas Robadas, prohibiría el uso de marcas registradas iguales o similares a alguna marca utilizada por algún negocio o activo confiscado por el régimen de Cuba. En virtud de esta, las cortes estadounidenses no podrían reconocer, hacer cumplir reclamaciones de derechos o validar las marcas registradas confiscadas.
La ley se aplicaría solo si un ciudadano cubano valida en Estados Unidos la marca confiscada, o en casos en los que la empresa o entidad que hace valer los derechos de la marca “sabía o debería haber sabido, cuando adquirió los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado” por la dictadura.
Sin embargo, si el propietario original de la marca o algún sucesor dio previamente un consentimiento expreso para el uso de la misma, la ley no tendría efecto.
Varios representantes de origen cubano celebraron la aprobación del proyecto. el representante Carlos Giménez (R-Fl) dijo que “el régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrar con propiedad intelectual robada a sus ciudadanos”.
Agregó que está orgulloso de este esfuerzo bipartidista para proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar que no se validen los reclamos correspondientes a “activos robados por el régimen de Castro».
La ley cuenta con el apoyo del representante Mario Díaz-Balart (R-Fl) desde hace mucho tiempo. Díaz-Balart dijo a través de su cuenta de X, antes llamado Twitter: “Estamos un paso más cerca de proteger mejor los derechos de propiedad y evitar que la dictadura cubana se beneficie de la propiedad robada”.
Un ejemplo de estas confiscaciones es la marca “Havana Club”, perteneciente a una familia cubana a la cual le fue confiscada una destilería durante la revolución castrista, de acuerdo con un informe del sitio de Northwestern Law.
Tiempo después, surgió una disputa que ha durado más de dos décadas, sobre quién era el dueño de la marca en Estados Unidos, ya que fue registrada en 1994 por Cuba Ron, una empresa estatal cubana, según reporta Oncubanews.
Mientras tanto, la empresa Bacardí había comprado la marca y la receta a los descendientes del fundador original. A raíz de este conflicto, se aprobó una ley que impide el registro y protección en Estados Unidos de marcas confiscadas por el régimen, pero se consideró que violaba las obligaciones de Estados Unidos respecto a tratados internacionales en materia de derechos de autor.
El proyecto de ley fue introducido en la Cámara por el representante Darrell Issa (R-Calif.) y la representante Debbie Wasserman Schultz (D-Fl), quien a pesar de ser una funcionaria demócrata, se ha distanciado de la administración Biden en su postura respecto a Cuba.
La propuesta aún tiene que someterse a la aprobación del Senado, donde cuenta con el respaldo del senador Marco Rubio (R-Fl), quien ha sido un constante crítico de la dictadura de Díaz-Canel y señaló previamente que el régimen cubano se ha estado beneficiando de la «propiedad intelectual robada», usando empresas controladas por el régimen.
Otro de los congresistas de origen cubano que ha impulsado esta ley es el senador Bob Menéndez (D-NJ), quien dijo, cuando reintridujo la propuesta en 2021, que “cualquier confiscación de bienes por parte del régimen castrista fue y será siempre un delito”.
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