La Cámara de Representantes aprobó el 28 de junio proyectos de ley para financiar el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar de la oposición de la Casa Blanca.
La Ley de Asignaciones para Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados, aprobada 212-200, asciende a 51,710 millones de dólares, es decir, 7600 millones menos que los asignados para el año fiscal 2024.
También es un 19%, o 12,260 millones de dólares, menos que lo solicitado por el presidente Joe Biden para el año fiscal 2025, que comienza el 1 de octubre.
El proyecto de ley asigna específicamente 14,600 millones de dólares para el Departamento de Estado y varias agencias y comisiones relacionadas, y 1560 millones de dólares para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Esto supone 476 millones de dólares menos de lo asignado el año anterior y 661 millones menos de lo solicitado por la administración.
El proyecto de ley incluye 3300 millones de dólares en financiación militar para Israel.
Prohíbe la financiación de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), ambos criticados por su hostilidad hacia Israel.
La CPI anunció recientemente que pediría órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, además de contra los dirigentes de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar.
La ley de asignaciones también prohíbe la financiación de la Comisión de Investigación de la ONU contra Israel.
En relación con esto, la legislación bloquea la ayuda a las Maldivas por su prohibición de que los israelíes visiten la nación insular del Océano Índico.
El proyecto de ley contiene medidas para combatir el régimen comunista de China, como la asignación de 2100 millones de dólares a iniciativas Indo-Pacíficas, que incluye 500 millones de dólares en financiación militar para Taiwán.
También prohíbe la financiación de China y del Partido Comunista Chino (PCCh).
Además, la ley recorta toda la financiación estadounidense para el presupuesto general de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Mujeres y el Protocolo de Montreal de la ONU.
El proyecto de ley también pone fin al apoyo financiero al Foro Económico Mundial y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
No permite la financiación de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de la ONU y el Fondo de Acción para la Equidad e Igualdad de Género.
Estados Unidos es el mayor donante de las Naciones Unidas y en 2022 dio a la organización más de 18,000 millones de dólares.
Además, el proyecto de ley prohíbe la financiación del muelle construido por Estados Unidos a las afueras de Gaza que se ha utilizado para hacer llegar ayuda humanitaria al territorio controlado por Hamás.
El muelle ha tenido problemas estructurales que han obligado a dejarlo temporalmente fuera de servicio en varias ocasiones.
Además, el proyecto de ley elimina 33 puestos de enviado especial y representante especial del Departamento de Estado —incluido el enviado especial para promover los derechos humanos de las personas LGBT— representante especial para asuntos palestinos, enviado especial para equidad y justicia racial, enviado especial para asuntos laborales internacionales y enviado presidencial especial para el clima.
La mayoría de los puestos de enviado especial y representante especial no tienen rango de embajador y, por tanto, no requieren la confirmación del Senado.
La Casa Blanca se ha pronunciado en contra de los proyectos.
«En lugar de respetar su acuerdo y aprovechar la oportunidad de participar en un proceso de apropiaciones productivo y bipartidista para construir sobre los proyectos de ley del año pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes vuelven a perder el tiempo con proyectos de ley partidistas que darían lugar a profundos recortes a la aplicación de la ley, la educación, la vivienda, la salud, la seguridad del consumidor, los programas de energía que reducen las facturas de servicios públicos y combaten el cambio climático, y los servicios esenciales de nutrición», dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Asignaciones de Defensa
El proyecto de Ley de Asignaciones de Defensa, que fue aprobado 217-198, consta de 833,000 millones de dólares en gastos —un 1%, u 8570 millones de dólares, más de lo asignado para el año fiscal 2024.
Incluye 500 millones de dólares para los sistemas de misiles de Israel, incluidos los sistemas Iron Dome, David’s Sling y Arrow en medio del conflicto entre Israel y Hamás.
Prohíbe a la administración retener la ayuda militar a Israel, una medida en respuesta a que el presidente Biden retuviera un envío de municiones al Estado judío por las objeciones de Washington a una operación militar israelí a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
Se cree que Rafah es el último bastión de Hamás.
Al igual que la Ley de Asignaciones Estatales, también bloquea la financiación de la UNRWA.
El proyecto de ley incluye disposiciones para eliminar los puestos relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión, la enseñanza de la teoría crítica de la raza y las regulaciones y órdenes ejecutivas relacionadas con el clima.
Tampoco permite que el Departamento de Defensa contrate con NewsGuard, que ha sido objeto de críticas por dirigirse a determinados medios de comunicación.
Además, prohíbe que los empleados del Departamento de Defensa y las personas a su cargo utilicen fondos federales para abortar.
Desde el año fiscal 2024, el proyecto de ley incluye un aumento de USD 1.8 mil millones en personal militar de la Guardia Nacional; un aumento de USD 7.1 mil millones en apoyo de operación y mantenimiento; una disminución de USD 6.7 mil millones en gastos de adquisición; una disminución de USD 2.4 mil millones en investigación, desarrollo, prueba y evaluación; y una disminución de USD 374.7 millones en otros programas de defensa.
Seguridad interior
El proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado por 212 votos a favor y 203 en contra, consta de 64,800 millones de dólares, de los cuales 22,700 millones se destinan a grandes proyectos de respuesta y recuperación en caso de catástrofe.
Incluye 600 millones de dólares para construir el muro de la frontera sur, financiación para 22,000 agentes de la Patrulla Fronteriza y 300 millones de dólares para tecnología de seguridad fronteriza.
Además, el proyecto de ley consta de 4100 millones de dólares para operaciones de custodia, que incluyen la financiación de 50,000 camas de detención y 822 millones de dólares para expulsar a inmigrantes ilegales.
También busca contrarrestar a China asignando millones de dólares a operaciones marítimas en el Indo-Pacífico.
El proyecto de ley asigna 18,260 millones de dólares a Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, lo que supone 1360 millones de dólares más que el nivel del año fiscal 2024.
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