Un comité de la Cámara de Representantes elevó al pleno cuatro proyectos de ley destinados a reducir la influencia del dinero extranjero y nacional en la política estadounidense.
El 15 de mayo, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes recomendó proyectos de ley relativos a la procedencia del dinero de las organizaciones sin ánimo de lucro, cómo lo gastan en política y cómo informan al IRS. Los proyectos de ley serán examinados ahora por la Cámara de Representantes, con la recomendación favorable del comité
En su discurso de apertura, el representante Jason Smith (R-Mo.), presidente del comité, dijo que los proyectos de ley «ayudarán a proteger la integridad de nuestros debates políticos y normativos».
El representante Richard Neal (D-Mass.), miembro de mayor rango del comité, desestimó gran parte de la retórica republicana por servir solo a los intereses del expresidente Donald Trump.
«El principio más sagrado de nuestra democracia son las elecciones justas y libres en las que aceptamos el resultado», dijo el Sr. Neal sobre la agenda del día. «Poner en duda al pueblo estadounidense sobre las distorsiones y la desinformación e incluso el fraude no es útil para la conversación política».
El primer proyecto de ley, presentado por el congresista republicano Lloyd Smucker, tiene por objeto exigir la divulgación de las subvenciones concedidas por organizaciones exentas de impuestos a beneficiarios de países extranjeros.
En la audiencia, Smucker dijo que el proyecto obligaría a las organizaciones sin ánimo de lucro 501(c)(3) y 501(c)(4) a revelar cómo gastan su dinero fuera de Estados Unidos. En la actualidad, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a revelar sus subvenciones en Estados Unidos, pero no sus desembolsos en el extranjero.
El promotor dijo que esto es importante porque la economía sin ánimo de lucro está creciendo. Más de 1.4 millones de entidades sin ánimo de lucro están registradas en el IRS, y sus actividades permiten que cantidades incalculables de dinero se destinen al extranjero sin que se hagan públicas.
Los miembros republicanos de la comisión destacaron cómo la organización sin ánimo de lucro EcoHealth Alliance Inc. 501(c)(3) —receptora de una subvención federal de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.— envió dinero al Instituto de Virología de Wuhan, en China, para lo que denominaron investigación de ganancia de función. Los republicanos del Congreso buscan pruebas de que el virus del COVID-19 se originó a partir de una filtración en el laboratorio del instituto.
El segundo proyecto de ley, presentado por la representante Claudia Tenney (R-N.Y.), establecería una prohibición nacional de la financiación privada de la administración electoral pública.
Al hablar en apoyo de su proyecto de ley, la Sra. Tenney destacó la actividad del Centro de Tecnología y Vida Cívica en el período previo a las elecciones generales de 2020 y sus planes para 2024.
El centro, impulsado por una donación de 350 millones de dólares del fundador de Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, dio cientos de millones de dólares a jurisdicciones principalmente liberales en estados indecisos en 2020 para pagar nuevos centros de votación, urnas, los llamados centros de educación de votantes y campañas para llegar a los votantes que no hablan inglés.
La Sra. Tenney dijo que el centro está apoyando a la Alianza para la Excelencia Electoral de Estados Unidos para realizar un trabajo similar en 2024.
Los republicanos dijeron que el proyecto de ley pondría fin a la financiación privada de la administración electoral pública en un esfuerzo por acabar con cualquier presión política que los grupos privados pudieran ejercer sobre los funcionarios electorales.
En un prolongado debate, los demócratas de la comisión afirmaron que el proyecto de ley ignora los problemas de una administración electoral infrafinanciada. Además, los miembros del partido minoritario del comité dijeron que se inclina hacia la retórica antisemita al hacer del Sr. Zuckerberg, que es judío, un hombre del saco político.
La representante Terri Sewell (D-Ala.) dijo que el Congreso debería estar trabajando en la legislación para financiar plenamente y dotar de personal a las elecciones en todo el país en lugar de buscar formas de restringir el dinero disponible para la administración electoral.
«Vemos largas filas, cambios de colegios electorales y escasez de boletas», dijo la Sra. Sewell. «Con demasiada frecuencia, estas consecuencias afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias».
El comité dedicó bastante menos tiempo a otras tres disposiciones.
En primer lugar, avanzó la Ley de Privacidad de los Donantes Estadounidenses y Transparencia de la Financiación Extranjera.
Esta ley, patrocinada por el representante David Schweikert (R-Ariz.), cambiaría las normas fiscales para obligar a las organizaciones exentas de impuestos a revelar sus fuentes de financiación extranjeras. Dijo que fuentes extranjeras desconocidas están explotando la ley actual para impulsar argumentos políticos divisivos en Estados Unidos.
Neal y la representante Judy Chu (D-Calif.) dijeron que el proyecto de ley también facilitaría a los donantes seguir ocultando su participación en grupos sin ánimo de lucro políticamente activos.
En segundo lugar, avanzó la Ley de No Interferencia Electoral Extranjera.
El proyecto, patrocinado por la representante Nicole Malliotakis (R-N.Y.), también se centra en las donaciones extranjeras a organizaciones sin ánimo de lucro e impone sanciones a los receptores internacionales de dinero. Entre esas sanciones se incluiría la pérdida de la exención fiscal.
Malliotakis habló de cómo un donante, el multimillonario suizo Hansjorg Wyss, invierte su dinero en política a través de una red de organizaciones sin ánimo de lucro.
Neal discrepó, afirmando que a los republicanos solo les interesa utilizar su poder para perseguir a quienes no comparten sus ideas políticas.
Por último, el comité aprobó la Ley de Protección de Datos del Contribuyente.
Esta ley, patrocinada por el Sr. Smith y todos los miembros republicanos del comité, propone aumentar significativamente las penas federales por la divulgación no autorizada de declaraciones de la renta e información fiscal.
El Sr. Smith destacó el caso de Charles Littlejohn, un contratista del gobierno que robó información fiscal relacionada con el presidente Trump y otras figuras públicas. El Sr. Littlejohn, según el Sr. Smith, filtró los documentos a The New York Times y Pro Publica para lograr sus objetivos políticos personales.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el Sr. Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión y una multa de 5000 dólares en enero. El Sr. Smith dijo que las penas deberían ser mayores y propuso un nuevo máximo de 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares.
El representante Bill Pascrell (D-N.J.) dijo que los artículos publicados basados en documentos robados por el Sr. Littlejohn exponen cómo la mayoría de los estadounidenses ricos se aprovechan del código tributario para «evitar pagar su parte justa». Aunque dijo que está de acuerdo en que los delincuentes deben enfrentarse a penas por robar información privada, la cuestión más importante es la complicidad del Partido Republicano en ayudar a los ricos a evitar el pago de impuestos.
«No nos distraigamos… del verdadero problema», dijo Pascrell. «Tenemos un sistema fiscal de dos niveles que juega chueco a los trabajadores».
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