La Cámara de Diputados de México rechazó el martes el proyecto de reforma electoral, que crearía un nuevo instituto electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al no alcanzar la mayoría calificada.
En la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores, se necesitan 334 votos para alcanzar una mayoría calificada,
«Se emitieron 269 votos a favor, 1 abstención y 225 en contra, no hay mayoría calificada», apuntó la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
«En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada se desecha el proyecto de decreto», por el que se pretendía reformar diversas disposiciones de la Constitución, en materia electoral, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutió duramente en el Congreso mexicano, causaba polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.
Además, sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de «propaganda» para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.
Al tratarse de una reforma constitucional, los votos requeridos para su aprobación eran 334, pero los diputados opositores actuaron en bloque hasta sumar 225 votos.
Mientras que el partido en el poder Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) sumaban 276 votos, pero solo acumularon 269.
Luego de terminar la sesión presencial, llena de debates y confrontaciones, de este martes, se citó a los diputados para la siguiente, en modalidad semipresencial, que tendrá lugar este mismo día más tarde.
En esa sesión se discutirá la iniciativa de reforma a diversas leyes electorales, a partir de las cuales se limita política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El documento que se presentará, llamado «Plan B», ya estaba listo luego de que se anticipaba el rechazo de la oposición a la reforma electoral de López Obrador.
El lunes, la organización Human Rights Watch (HRW) dijo que la reforma electoral de López Obrador «ponía en jaque las elecciones libres e imparciales» y por ello el Congreso mexicano debería «rechazar modificaciones al sistema electoral».
El pasado 13 de noviembre, miles de personas, en su mayoría opositores, marcharon por las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país en defensa del INE y contra la polémica reforma electoral de López Obrador.
La «Marcha por la Democracia» convocó a unas 100,000 personas que mostraron su rechazo a la propuesta.
El ‘plan b’ electoral
Al anticipar el rechazo de la oposición, López Obrador presentó el martes mismo una reforma legal para modificar seis leyes secundarias que se aprobó con mayoría simple para turnarse al Senado.
Con su aprobación, se redujo en 3500 millones de pesos (175 millones de dólares) el presupuesto del INE, y se alcanzaron «ahorros» totales por 5000 millones de pesos (250 millones de dólares) al considerar organismos electorales locales y al Tepjf.
“Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, y todo esto ayuda a hacer más barata y económica la elección”, expuso Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en la conferencia.
El funcionario indicó que también “por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet».
Además, establece las bases para el voto electrónico y «por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral”.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
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