La Cámara de Representantes de Luisiana aprobó una ley que prohíbe a los gobiernos estatales y locales exigir un comprobante de vacunación contra COVID-19 para entrar en los espacios públicos y negocios privados, o para recibir servicios y bienes de ellos.
La medida pasa ahora al Senado del estado tras recibir 64-31 votos a favor en la Cámara a última hora del miércoles.
Según el texto de la legislación, el proyecto de ley 990 de la Cámara (pdf), la prohibición no se aplica a «ninguna orden de vacunación contra COVID-19 que se exija de acuerdo con la ley o la normativa federal».
El representante estatal Thomas Pressly, un republicano que patrocinó el proyecto de ley, dijo que la medida no interfiere con las decisiones propias de las empresas sobre si exigirían un comprobante de vacunación.
La representante estatal Beryl Amedée ofreció una enmienda (pdf) al proyecto de ley para eliminar una disposición que dice: «Nada de lo dispuesto en esta parte se interpretará para prohibir o impedir de otro modo los derechos de una empresa privada u otra entidad privada que desee aplicar cualquier política, procedimiento o requisito relativo a las vacunas contra COVID-19».
Su eliminación «no afecta a la intención general del proyecto de ley» y la mantención de esa sección es «problemática» porque «da luz verde, respalda y promueve la discriminación religiosa y médica en el sector privado», dijo Amedée según The Center Square.
La enmienda fracasó por 21 votos a favor y 71 en contra.
Amedée votó en contra del proyecto de ley pese a que en general lo apoyaba.
Su enmienda también habría insertado las palabras «válido y aplicable» al referirse a las leyes federales, en la sección B del proyecto de ley.
«Las disposiciones de esta parte no se aplicarán a cualquier mandato de vacunación COVID-19 que se requiera de acuerdo con la ley o regulación federal», se lee en esta sección. La versión modificada habría dicho: «Las disposiciones de esta parte no se aplicarán a cualquier mandato de vacunación COVID-19 que se requiera de acuerdo con la ley o regulación federal válida y aplicable».
Amedée dijo que el gobierno federal delegó la aplicación de las órdenes de vacunación a las empresas privadas, «y los mandatos están siendo revocados», informó The Center Square.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, había vetado el año pasado la legislación relativa a las órdenes de vacunación. No está claro si vetará el proyecto de ley de Pressly si se aprueba en la legislatura estatal.
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