La Cámara de Representantes aprobó el 19 de mayo, por 217 votos a favor y 207 en contra, la Ley de Prevención de la Manipulación de los Precios de los Combustibles para el Consumidor, acercando al país a una mayor intervención del gobierno en los mercados energéticos, mientras los precios de la gasolina se disparan a nuevas alturas.
El proyecto de ley, H.R. 7688, permitiría al presidente Joe Biden declarar una «emergencia energética».
Dicha emergencia facultaría a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) para actuar contra quienes vendan combustible a un precio que se considere «desmesuradamente excesivo» o que «indique que el vendedor se aprovecha de las circunstancias relacionadas con una emergencia energética para aumentar los precios de forma desmedida».
Esa proclamación presidencial de emergencia duraría 30 días, pero podría renovarse indefinidamente «si el presidente lo considera oportuno».
El proyecto de ley también da prioridad a las acciones de la FTC contra las empresas con 500 millones de dólares o más en ventas anuales de combustible al por mayor o al por menor.
Mientras que 217 demócratas votaron a favor del proyecto, 203 republicanos y cuatro demócratas votaron en contra.
Durante el debate, demócratas y republicanos se enfrentaron sobre las causas de los precios récord de la gasolina.
Mientras que el GOP hizo hincapié en las nuevas regulaciones y decisiones contra la energía doméstica bajo la Administración de Biden, los demócratas señalaron que los precios récord de la energía han ido acompañados de miles de millones de beneficios para las empresas de petróleo y gas.
«Nuestros residentes están hartos de la avaricia de las empresas», dijo Rashida Tlaib (D-Mich.), partidaria del proyecto de ley.
Tlaib habló frente a un gran cartel que enumeraba los beneficios de 2021 de varias grandes empresas petroleras, entre ellas Shell y Chevron.
Por su parte, el republicano John Joyce (R-Pa.) se situó junto a un póster que ilustraba las largas filas de autos en las gasolineras durante la década de 1970, cuando Estados Unidos implantó controles de precios en un intento de hacer frente a la subida de los precios de la gasolina provocada por el embargo petrolero de la OPEP.
El póster se titulaba «Fijación de precios socialista».
«En lugar de crear controles de precios que conduzcan a una menor producción y a una escasez masiva de gasolina, tenemos que confiar en la energía que se encuentra bajo los pies de mis electores en Pensilvania», dijo Joyce.
El representante Kelly Armstrong (N.D.) repasó una lista de acciones de la Administración Biden que, según él, han contribuido al aumento de los precios del gas.
Entre ellas, la cancelación del oleoducto Keystone XL y la propuesta de divulgación de la Comisión de Valores relacionada con el clima.
Como señaló Armstrong, la Administración Biden ya presionó a la FTC para que investigara el aumento de los precios del gas a finales del año pasado.
El representante Frank Pallone (D-N.J.) argumentó que los republicanos de la Cámara de Representantes estaban caracterizando erróneamente el alcance de la legislación.
«No estamos dando a la FTC la autoridad para fijar el precio», dijo.
Sin embargo, el propio proyecto de ley define las infracciones en términos de precios «desmesuradamente excesivos», lo que plantea preguntas sobre cómo se fijaría el punto de referencia para tal juicio, y por quién.
Pallone también afirmó que «el problema es que las compañías petroleras no quieren aumentar la producción».
«No se puede pedir a las compañías de petróleo y gas, en particular a las terrestres, que aumenten la producción cuando no existe la infraestructura necesaria para llevar ese producto al mercado», argumentó Armstrong durante su propio testimonio, citando el oleoducto Duke y otros proyectos de oleoductos que se han echado a perder en los últimos años.
El senador Bruce Westerman (R-Ak.) intentó volver a remitir el proyecto de ley a la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, atendiendo a las preocupaciones planteadas por la miembro principal de dicha comisión, Cathy McMorris Rodgers (R-Wa.).
Su moción fracasó por 220-201 votos.
La Cámara también aprobó dos enmiendas al proyecto de ley.
La primera, presentada por la representante Val Demings (D-Fla.), exigiría una investigación de la FTC sobre la supuesta manipulación de los precios, incluso mediante recortes en la capacidad de las refinerías. Se aprobó por 217-205.
La segunda, presentada por Chris Pappas (D.H.), crea una nueva unidad de la FTC para supervisar los mercados de combustible. Se aprobó por 214-207.
El Sierra Club, organización ecologista alineada con el Partido Demócrata, elogió el proyecto de ley en las redes sociales, etiquetando su tuit con el hashtag #blamebigoil.
Thank you @RepKimSchrier & @RepKatiePorter for your leadership in holding Big Oil accountable & protecting communities from fossil fuel industry greed. The Senate should act swiftly to pass this critical legislation. #BlameBigOil https://t.co/P58qlLVlBX
— Sierra Club (@SierraClub) May 19, 2022
Tim Stewart, presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, argumentó que el lenguaje del proyecto de ley es vago, sentando un precedente preocupante.
«El proyecto de ley, mal redactado, otorga al presidente la facultad de declarar que la gasolina o el gasóleo son ‘desmesuradamente excesivos’ y de determinar si la gasolinera de tu barrio es culpable de explotar una ‘emergencia energética'».
«Ninguno de estos términos está definido, por lo que pueden significar lo que el presidente diga, y estos controles de precios pueden continuar indefinidamente», dijo a The Epoch Times.
«Esto debería hacer saltar las alarmas en todas las industrias y mercados, porque si bien hoy podría ser el precio de la gasolina, pero mañana los precios ‘desmesuradamente excesivos’ podrían aplicarse a cualquier cosa, desde el precio del trigo, a la atención médica, a las tarifas aéreas o a la vivienda».
Destacados economistas demócratas, como el profesor de Harvard Larry Summers y el execonomista de la Administración Obama Jason Furman, también han expresado su preocupación por el proyecto de ley, y Furman lo describió en Twitter como un «peligroso disparate».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el senador Joe Manchin (R-W.V.) y la senadora Kyrsten Sinema (R-Ariz.) para saber cómo piensan votar sobre cualquier versión del proyecto de ley en el Senado.
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