Dos republicanos de la Cámara de Representantes piden al gobierno de Biden que desclasifique la información sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantean los drones fabricados en China.
El representante Mark Green (R-Tenn.), presidente del Comité de Seguridad Nacional, y la representante Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.), presidenta del Comité de Energía y Comercio, dijeron que los sistemas de aviones no tripulados (UAS), en particular los fabricados por Da Jiang Innovation (DJI) y Autel Robotics, son motivo de especial preocupación.
«Múltiples agencias federales han advertido contra la adquisición de ciertos UAS originarios de la RPC, o la han prohibido, debido a los riesgos que plantean. Sin embargo, los detalles de estas amenazas UAS siguen siendo clasificados», escribieron los dos legisladores, según su carta del 17 de junio. RPC es el acrónimo del nombre oficial de China, República Popular China.
La carta fue enviada a Jen Easterly, directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), y a Derek Passarelli, subsecretario adjunto principal del Departamento de Energía.
Ambos señalaron que DJI y Autel controlan alrededor del 90 por ciento del mercado mundial de drones. Las dos empresas mantienen relaciones comerciales con miles de organismos policiales estatales, locales, tribales y territoriales de Estados Unidos, añadieron.
«La adopción generalizada de drones de la RPC por parte de las fuerzas del orden [estatales, locales, tribales y territoriales] puede exponerlas inadvertidamente a riesgos de ciberseguridad que no se conocen bien, al tiempo que socava nuestra seguridad nacional», se lee en la carta.
En enero, la CISA y el FBI emitieron un aviso de ciberseguridad en el que advertían a los propietarios y operadores estadounidenses de infraestructuras críticas que no utilizaran drones de fabricación china. Las dos agencias dijeron que el uso de drones chinos «corre el riesgo de exponer información sensible que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad económica y la salud y seguridad públicas».
«Dado que varias agencias y departamentos federales han tomado medidas considerables basándose en información clasificada, ya es hora de que el Congreso, las fuerzas del orden del SLTT y el público estadounidense reciban respuestas a las preguntas relacionadas con los drones de la RPC que siguen pendientes desde hace varios años», reza la carta.
Los dos legisladores pidieron a la CISA y al Departamento de Energía que proporcionaran una sesión informativa sobre su solicitud antes del 2 de julio.
Drones DJI
La carta detalla una lista de acciones que el gobierno de EE.UU. ha tomado contra los drones DJI en los últimos años. El Departamento del Ejército puso en tierra el uso de aplicaciones y productos de DJI en agosto de 2017, y el Pentágono prohibió todas las adquisiciones de drones comerciales de DJI en mayo de 2018.
El Departamento de Comercio añadió a DJI a su lista de entidades en diciembre de 2020, acusando a la empresa de «permitir abusos de los derechos humanos a gran escala dentro de China a través de la recolección y análisis genéticos abusivos o la vigilancia de alta tecnología».
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro añadió DJI y otras siete empresas tecnológicas chinas a su lista del Complejo Militar-Industrial Chino, diciendo que las empresas «apoyan la vigilancia biométrica y el seguimiento de las minorías étnicas y religiosas en China, en particular la minoría predominantemente musulmana uigur en Xinjiang».
En la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha encerrado a más de un millón de uigures en campos de reclusión, donde los detenidos son sometidos a trabajos forzados, tortura, adoctrinamiento político, aborto forzado y otros tratos inhumanos. El gobierno de Estados Unidos ha declarado formalmente que el trato del PCCh a los uigures de Xinjiang es «genocidio» y «crímenes contra la humanidad».
En enero, el Pentágono nombró a DJI como una de las muchas empresas chinas que se consideran «empresas militares chinas».
La carta también mencionó una advertencia de alerta de 2017 emitida por Homeland Security Investigations, una división de Immigration and Customs Enforcement, alegando que los drones de DJI están «probablemente proporcionando información sobre infraestructura crítica de Estados Unidos y datos de aplicación de la ley [al] gobierno chino».
China podría entonces utilizar la información de DJI para «llevar a cabo ataques físicos o cibernéticos contra Estados Unidos y su población», afirmaba la advertencia, y podría proporcionar la información a «organizaciones terroristas, entidades hostiles no estatales o grupos patrocinados por el Estado para coordinar ataques contra infraestructuras críticas de Estados Unidos».
Durante este mes, la Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2025 por un importe de USD 883,700 millones. El proyecto de ley contenía la Ley de Contrarrestar Drones CCP, que fue presentada por la representante Elise Stefanik (R-N.Y.). La legislación añadiría a DJI a la lista cubierta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), prohibiendo que las tecnologías de DJI operen en la infraestructura de comunicaciones de Estados Unidos.
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