La campaña de reelección del presidente Donald Trump demandó al New York Times por difamación, alegando que el periódico había publicado «declaraciones falsas y difamatorias» sobre la campaña en un artículo de opinión el año pasado.
La campaña, Donald J. Trump for President, Inc., presentó la demanda por difamación el miércoles alegando que el periódico había publicado intencionalmente declaraciones falsas alegando que la campaña tenía un «acuerdo general» con Rusia para ayudar a la campaña contra la candidata presidencial demócrata del 2016 Hillary Clinton, a cambio de una política exterior pro-rusa.
«El Times sabía muy bien cuando publicó estas declaraciones que no eran ciertas», afirmó la demanda (pdf).
La campaña afirma que los propios informes del New York Times también habían confirmado la falsedad de las declaraciones en el artículo de opinión, pero publicaron las declaraciones de todos modos, «sabiendo que son falsas y sabiendo que informarían mal y engañarían a sus propios lectores». También afirman que el periódico publicó la declaración debido a su «parcialidad extrema y animosidad hacia la campaña» y en un intento de «influir indebidamente en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020».
El artículo de opinión de 2019 en cuestión, titulado «El verdadero quid pro quo de Trump-Rusia», fue escrito por Max Frankel, quien fue editor ejecutivo del periódico de 1986 a 1994. El artículo afirma que la campaña de Trump y Rusia tenían un acuerdo para derrotar a Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.
«No hubo necesidad de una colusión electoral detallada entre la campaña de Trump y la oligarquía de Vladimir Putin porque tenían un acuerdo general: el quid de ayuda en la campaña contra Hillary Clinton por el quo de una nueva política exterior pro-rusa, comenzando con el alivio de las onerosas sanciones económicas de la administración Obama», escribió Frankel en el artículo de opinión. «Los Trumpistas sabían sobre el quid y ofrecieron la perspectiva del quo».
El exasesor especial Robert Mueller, en su investigación sobre si la campaña de Trump y sus asociados se habían coludido con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016, no pudo establecer ninguna evidencia de que la campaña de Trump había «conspirado o coordinado con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones».
La demanda también indicó que antes de publicar el artículo de opinión, el periódico ya había confirmado que Mueller «eventualmente concluiría» que no había «acuerdo» o «quid pro quo» entre la campaña de Trump y Rusia. También establece que el artículo no «alega ni hace referencia a ninguna prueba» por sus declaraciones de que hubo un acuerdo. En cambio, el artículo se refiere selectivamente a informes anteriores sobre contactos entre un abogado ruso y personas relacionadas con la campaña.
«El Artículo Difamatorio (…) insinúa que estos contactos deben haber resultado en un quid pro quo o un acuerdo, y el artículo difamatorio no reconoce que, de hecho, hubo informes extensos, incluso en The Times, que las reuniones y contactos que el Artículo difamatorio al que se hace referencia no dio lugar a ningún quid pro quo o trato entre la Campaña y Rusia, ni a ninguna persona relacionada con ninguno de ellos», señala la demanda.
Jenna Ellis, asesora legal principal de Donald J. Trump for President, Inc., dijo que las declaraciones en el artículo eran «100 por ciento falsas y difamatorias».
«La demanda alega que The Times era consciente de la falsedad en el momento en que los publicó, pero lo hizo con el propósito intencional de dañar la campaña, mientras engañaba a sus propios lectores en el proceso», dijo Ellis en un comunicado.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, un portavoz del New York Times dijo que «la Campaña Trump recurrió a los tribunales para tratar de castigar a un escritor de opinión por tener una opinión que consideran inaceptable. Afortunadamente, la ley protege el derecho de los estadounidenses a expresar sus juicios y conclusiones, especialmente sobre eventos de importancia pública. Esperamos reivindicar ese derecho en este caso».
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