Un tribunal canadiense le negó este jueves la solicitud de libertad a Eduardo León Trauwitz, general mexicano acusado de robo de combustible, en su juicio de extradición, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
«La Corte encontró que el alto riesgo de fuga, la gravedad de los probables delitos cometidos en México y el daño patrimonial ocasionado al Estado Mexicano, son elementos suficientes para mantenerlo encarcelado durante su proceso de extradición», detalló la Fiscalía en un comunicado.
El tribunal que tomó la decisión fue la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica con sede en Vancouver, Canadá.
«Los apoyos que el Gobierno de Canadá ha brindado a México, son un ejemplo de solidaridad internacional frente al delito y la impunidad», terminó el comunicado de la FGR.
«A solicitud de la FGR, el señor Eduardo «L» acaba de ser detenido por las autoridades canadienses, para iniciar su proceso de extradición», anunció entonces el Ministerio Público en un breve comunicado.
El pasado 17 de diciembre autoridades canadienses arrestaron al general Trauwitz, quien está acusado por ser presuntamente «el protector del huachicol dentro de Pemex» durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) junto a un grupo de cómplices ya procesados que «encubrieron y protegieron» esta práctica desde el interior de la petrolera estatal mexicana.
México pidió la extradición del general el 12 de noviembre de 2019, lo cual «permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país», afirmó la Fiscalía.
En 2019, un juez federal ordenó someter a proceso a tres militares empleados de Pemex como sospechosos de colaborar con grupos criminales en el robo de hidrocarburos, quienes posteriormente fueron detenidos.
Los imputados eran subordinados del general Eduardo León Trauwitz, quien encabezaba la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, encargada precisamente de evitar el robo de combustibles.
De acuerdo con las pesquisas de la FGR, este grupo de militares y otras personas en Pemex colaboraban con grupos delictivos para que se sustrajera ilegalmente combustible de los ductos de la petrolera estatal.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder a finales de 2018 desplegó a militares en los ductos de Pemex para frenar el robo de combustibles.
El Gobierno de México sostiene que el robo de combustible provocaba pérdidas de 65,000 millones de pesos anuales (unos 3400 millones de dólares) en todo el país.
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