El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó el fin de semana una ley que obliga a los condenados a muerte a elegir el método de ejecución si no se dispone de inyecciones letales en el estado.
La medida permitirá al estado reanudar las ejecuciones tras una pausa de casi una década, añadiendo los pelotones de fusilamiento como método alternativo. Un grupo bipartidista de legisladores impulsó el proyecto de ley a principios de este año y votó 32-11 a favor el 2 de marzo.
Según la nueva ley, los condenados a muerte tendrán que elegir entre la silla eléctrica o el recién creado pelotón de fusilamiento. El proyecto de ley del Senado estatal mantendrá abierta la opción de la inyección letal si el estado dispone de los fármacos necesarios.
«Este fin de semana, he firmado una ley que permitirá al estado llevar a cabo una sentencia de muerte», dijo el gobernador republicano el lunes. «A las familias y a los seres queridos de las víctimas se les debe un cierre y justicia por ley. Ahora, podemos proporcionárselas».
Actualmente no se sabe cuándo podrán reanudarse las ejecuciones en el estado. La silla eléctrica está lista para ser utilizada y los funcionarios de prisiones han estado investigando de forma preliminar cómo los pelotones de fusilamiento llevan a cabo las ejecuciones en otros estados, pero no están seguros de cuánto tiempo se tardarán en tener una en Carolina del Sur.
Otros estados que permiten un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Carolina del Sur lleva unos cinco años sin poder comprar medicamentos para la inyección letal, ya que las empresas farmacéuticas tratan de limitar el uso del producto. Como resultado, se han aplazado tres ejecuciones programadas hasta ahora.
«Durante varios años, como la mayoría de ustedes saben, Carolina del Sur no ha podido llevar a cabo ejecuciones», dijo en el Senado el senador estatal Greg Hembree, copatrocinador del proyecto de ley. «Las familias están esperando. Las víctimas están esperando. (…) El estado está esperando».
Los fiscales dijeron que tres reclusos no pueden ser condenados a muerte porque, según la ley anterior, los reclusos que no eligen la silla eléctrica del estado, de 109 años de antigüedad, son programados automáticamente para morir por inyección letal. Todos ellos han elegido el método que no puede llevarse a cabo.
Hasta la fecha, hay 37 reclusos en el corredor de la muerte del estado. La última persona ejecutada en Carolina del Sur fue Jeffrey Motts, que murió por inyección letal en mayo de 2011. Motts fue condenado a muerte tras asesinar a su compañero de celda cuando ya cumplía una cadena perpetua por disparar y matar a dos ancianos durante un robo.
A finales del año pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) modificó sus protocolos para permitir que las ejecuciones se realicen mediante alternativas que incluyen la electrocución, el fusilamiento y el gas venenoso.
El expresidente Donald Trump expresó repetidamente su apoyo a la pena capital y reinició la práctica a nivel federal el año pasado después de un paréntesis de 17 años. Trump argumentó que las ejecuciones sirven como un disuasivo eficaz y un castigo apropiado para algunos delitos, incluidos los tiroteos masivos y los asesinatos de policías.
El presidente Joe Biden, por su parte, es el primer presidente estadounidense en ejercicio que se opone abiertamente a la pena de muerte y ha discutido la posibilidad de dar instrucciones al Departamento de Justicia para que deje de programar nuevas ejecuciones.
Con información de Isabel van Brugen y The Associated Press.
De NTD News
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