La Casa Blanca respondió el jueves a las solicitudes de supervisión recientes de los republicanos de la Cámara afirmando que esas solicitudes tendrían que volver a presentarse.
En dos cartas obtenidas por Politico, el asesor especial de la Casa Blanca, Richard Sauber, prometió actuar de buena fe al responder a las solicitudes del presidente entrante del Comité de Supervisión de la Cámara , James Comer (R-Ky.), y del presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan (R-Ohio).
Sin embargo, Sauber también enfatizó que los congresistas no tendrán la autoridad constitucional para realizar tales solicitudes hasta que asuman sus posiciones de liderazgo el 3 de enero, cuando el Partido Republicano adquiera el control de la Cámara de Representantes.
“El Congreso no ha delegado tal autoridad [de supervisión] a miembros individuales del Congreso que no son presidentes de comités, y la Cámara no lo ha hecho según sus Reglas actuales”, escribió Sauber, pero no descartó el cumplimiento de futuras solicitudes después del 3 de enero.
Respuesta republicana
El jueves, en una serie de tuits , el Comité Judicial de la Cámara de Representantes respondió al informe de Politico señalando que acababa de recibir la carta de la Casa Blanca esa mañana a las 4:34 a. m. —menos de media hora antes de que se publicara la historia— lo que indica que la La Casa Blanca probablemente había informado a Politico sobre la historia antes de enviar la carta.
Agregó que Politico había pedido comentarios sobre la carta solo después de publicar la historia. El comité también criticó las afirmaciones sobre la buena fe de la Casa Blanca y señaló que la coordinación entre la administración de Biden y los medios para “obstruir políticamente la supervisión constitucional legítima” contradecía esas afirmaciones.
Además, el comité increpó a Politico por manejar un aparente doble estándar, y señaló la cobertura más «favorable» del medio sobre los demócratas de la Cámara en 2018 «cuando hicieron exactamente lo mismo que nosotros».
“La Casa Blanca y los medios ya están jugando”, concluyó la declaración del comité. “Es por eso que es tan importante para nosotros empezar a toda marcha el 3 de enero. Estén preparados.»
Haciéndose eco de esos sentimientos, Comer dijo en una declaración proporcionada a The Epoch Times: “El presidente Biden prometió tener la administración más transparente de la historia, pero en todo momento, la Casa Blanca de Biden busca obstruir la supervisión del Congreso y ocultar información al pueblo estadounidense”.
Corner agregó que la Casa Blanca no proporcionó respuestas sobre la crisis fronteriza, la crisis energética, la retirada de Afganistán, los orígenes del COVID y el supuesto tráfico de influencias de la familia Biden.
“¿Por qué la Administración Biden está ocultando esta información?”, continuó el congresista. “Los republicanos no se dejan intimidar por la obstrucción de la Administración Biden y continuarán presionando por las respuestas, la transparencia y la responsabilidad que merece el pueblo estadounidense”.
Realizar la supervisión
En una carta del 18 de noviembre ( pdf ) al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, Jordan y otros miembros del Comité Judicial de la Cámara hicieron referencia a solicitudes de registros anteriores que habían enviado a la administración de Biden, y señalaron que todas quedaron sin respuesta.
“Durante los últimos veintiún meses, hemos hecho varias solicitudes de información y documentos sobre el uso indebido de los recursos federales contra el crimen y el terrorismo, por parte de la Administración Biden, para atacar a los padres preocupados en las reuniones de las juntas escolares”, señalaron los congresistas. “Reiteramos y detallamos estas solicitudes en nuestra carta reciente del 17 de octubre de 2022, que se adjunta para lo que convenga. Hasta la fecha, ha ignorado estas solicitudes”.
Agregaron que el comité “puede verse obligado a recurrir a un proceso obligatorio” para obtener los materiales solicitados si esas solicitudes siguen pendientes al inicio del nuevo Congreso, los congresistas también identificaron a cuatro empleados de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los cuales requerirían su testimonio, incluyendo a Mary C. Wall, asesora principal del Equipo de Respuesta COVID-19, y Julie C. Rodríguez, directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales.
En la carta del 17 de octubre a la que se hace referencia , los miembros republicanos del Comité Judicial señalaron que la directriz de 2021 del fiscal general Merrick Garland a las oficinas del FBI y del fiscal federal para abordar la «conducta delictiva» de los padres en las reuniones de la junta escolar todavía estaba vigente.
Antes de esa directriz, la Asociación Nacional de Juntas Escolares había escrito una carta al presidente Joe Biden solicitando asistencia federal para manejar el aumento de interrupciones en las reuniones de juntas escolares en todo el país, caracterizando esas interrupciones como “una forma de terrorismo doméstico y crimen de odio”.
“Los padres que expresan sus preocupaciones en las reuniones de la junta escolar no son terroristas domésticos”, escribieron los congresistas republicanos el 17 de octubre. “Sin embargo, la directriz del 4 de octubre de 2021 del Fiscal General contra los padres sigue vigente y, como resultado, La amenaza de la aplicación de la ley federal continúa congelando los derechos de la Primera Enmienda de los padres estadounidenses”.
Otras investigaciones
Comer y Jordan han sido francos sobre sus intenciones de investigar las acciones no solo de la administración Biden sino también de la familia Biden, incluyendo al propio presidente.
En noviembre, Comer anunció los planes del Comité de Supervisión para investigar al presidente y su posible participación en los tratos comerciales en el extranjero de los miembros de su familia.
“Este comité evaluará el estado de la relación de Joe Biden con los socios extranjeros de su familia, y si es un presidente comprometido o influenciado por dólares e influencias extranjeras”, dijo Comer en una conferencia de prensa el 17 de noviembre.
A principios de este mes, en una entrevista con «Newsmakers» de NTD, Jordan enfatizó la necesidad de tal investigación, señalando que el hijo del presidente, Hunter, y su hermano, Jim, tenían un total de 150 Informes de actividades sospechosas presentados en su contra, de los cuales solo dos están disponibles al público.
Los Informes de actividades sospechosas son presentados por instituciones financieras ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. cuando esas instituciones notan transferencias anormales de fondos entre personas o cuentas.
“Estos son propiamente, los informes que las instituciones financieras presentan ante el Departamento del Tesoro cuando detectan actividades sospechosas”, explicó Jordan. “Por lo general, es el tipo de actividad de lavado de dinero”.
Otros temas que los republicanos de la Cámara han investigado incluyen los orígenes del COVID-19 y la investigación asociada realizada en el Instituto de Virología de Wuhan, los presuntos esfuerzos de censura en las redes sociales por parte del Departamento de Justicia y el FBI, y la crisis de la frontera sur .
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