El 10 de mayo, el gobierno de Biden comunicó que ha puesto en marcha una nueva normativa que coincide con el fin del Título 42, en virtud de la cual muchas personas que planean cruzar ilegalmente la frontera sur no podrán solicitar asilo.
Bajo la regla finalizada (pdf), que esencialmente trae de vuelta una política de viaje de la era Trump, los inmigrantes ilegales no podrán solicitar asilo en Estados Unidos si no buscaron primero protección en los países por los que viajaron en su camino a Estados Unidos, con excepciones limitadas.
Entrará en vigor en cuanto finalice la orden de salud pública del Título 42 el 11 de mayo, junto con la declaración de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, la normativa pretende disminuir las actividades de contrabando de personas en la frontera sur, animando a los solicitantes de asilo a utilizar vías «legales, seguras y ordenadas», como buscar refugio en un tercer país por el que hayan pasado.
«Esta Administración ha liderado la mayor expansión de vías legales de protección en décadas, y esta norma animará a los migrantes a buscar acceso a esas vías en lugar de llegar ilegalmente a las garras de los contrabandistas en la frontera sur», dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
La norma se propuso por primera vez en febrero y se ha sometido a un periodo de comentarios públicos de 32 días. Su aprobación se produce en un momento en que decenas de miles de inmigrantes están llegando y congregándose en el lado mexicano de la frontera sur, a la espera de que expire el Título 42.
La medida ha desatado la frustración entre los activistas de inmigración, que ven notables similitudes entre la norma de Biden y la norma de «asilo a terceros países» de 2019 de la Administración Trump.
«El pivote de la Administración Biden de vuelta a las políticas de Trump es completo», escribió en Twitter Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del American Immigration Council.
«Estas nuevas restricciones de asilo reflejan [sic] en gran parte una de las políticas más duras de la Administración Trump contra el asilo, la prohibición de tránsito de asilo de 2019, que dos tribunales federales distintos anularon por ilegal», agregó, señalando las decisiones judiciales que se pusieron del lado de la impugnación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra la norma de la era Trump.
La ACLU también se sumó a las críticas por la nueva política, insinuando que podría volver a demandar.
«La prohibición cierra un camino hacia la seguridad para la mayoría de los refugiados que lo necesitan desesperadamente», escribió la organización en Twitter. «En su esencia, la nueva norma imita dos políticas de la era Trump que fueron bloqueadas por los tribunales».
«No se equivoquen: La lucha está lejos de terminar», añadió.
Los federales aumentan el personal en la frontera
Mayorkas dice que el gobierno federal está aumentando el personal en la frontera en previsión de la afluencia esperada de inmigrantes ilegales en la expiración del 11 de mayo del Título 42.
En concreto, la administración está en proceso de «aumentar el personal en la frontera, incluyendo más de 1400 miembros del personal del DHS, 1000 coordinadores de procesamiento, y 1500 miembros adicionales del personal del Departamento de Defensa», dijo Mayorkas en una conferencia de prensa. «Todas estas personas permitirán a nuestros agentes del orden permanecer sobre el terreno y centrarse en su misión crítica».
«Nuestro enfoque general es construir vías legales para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes decidan no utilizar esas vías», dijo a los periodistas.
Sin embargo, Mayorkas también advirtió de que la operación podría no salir tan bien como se había planeado debido al gran número de personas que esperan para entrar en la frontera.
«Nuestro plan dará resultados, pero se necesitará tiempo para que esos resultados se materialicen plenamente».
Mayorkas también culpó al Congreso de no asignar los recursos que necesita su departamento.
«Nunca insistiré lo suficiente en que nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso haya dejado en pie durante más de dos décadas un sistema de inmigración roto y obsoleto, a pesar del acuerdo unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa», dijo. «También es el resultado de la decisión del Congreso de no proporcionarnos los recursos que necesitamos y que solicitamos».
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