Un grupo de defensa de los derechos civiles de los latinos pide que se abra una investigación federal contra la oficina del fiscal general de Texas por allanar los domicilios de varios demócratas en la zona de San Antonio en relación con una investigación sobre captación de votos.
Manuel Medina, jefe de gabinete de la representante estatal demócrata Elizabeth «Liz» Campos, junto con otras personas, recibió una orden de registro el 20 de agosto durante una redada en su domicilio.
Las autoridades también registraron la casa de la candidata demócrata a la cámara estatal Cecilia Castellano y de miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Texas (LULAC).
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió un comunicado diciendo que se emitieron órdenes de arresto contra individuos en los condados de Frio, Atascosa y Bexar como parte de un caso de integridad electoral en curso.
La investigación surgió a partir de una remisión de la fiscal del distrito 81, Audrey Louis, en torno a «acusaciones de fraude electoral y recolección de votos» durante las elecciones de 2022, según el comunicado.
«La investigación subsiguiente de dos años proporcionó pruebas suficientes para obtener las órdenes de registro en el marco de la investigación en curso», dice el comunicado.
El 26 de agosto, líderes de LULAC, legisladores estatales y activistas protestaron frente a la oficina de Paxton en San Antonio.
Los oradores acusaron a Paxton de perseguir a los latinos con fines políticos. La organización pidió a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que investigue a la oficina de Paxton por las redadas.
«Esto es intimidación de votantes sin más», dijo Roman Palomares, presidente nacional de LULAC, en la protesta. «Y LULAC luchará por el derecho de cada latino a ejercer su derecho al voto».
«Sentimos que nuestros votos están siendo suprimidos», dijo Palomares a The Associated Press. «Vamos a llegar al fondo del asunto».
Palomares dijo que se registraron los domicilios de al menos seis miembros de la organización.
Castellano dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que no podía hablar de acusaciones concretas. Nadie respondió al número de teléfono que figuraba para Medina en la oficina de Campos en Austin.
En la página de Facebook de Castellano se posteó un video de la protesta de LULAC. En el mitin sugirieron que la motivación de Paxton era ayudar a su contrincante republicano, el exalcalde de Uvalde Don McLaughlin Jr.
El senador estatal Jose Menendez, demócrata de San Antonio, habló en el mitin, culpando a los vales escolares de las redadas. «Están contando los votos para aprobar leyes como los vales … y saben que esto es tan importante para el gobernador que harán lo que sea necesario», dijo Menendez.
Abbott declaró en mayo que contaba con los votos necesarios para hacer realidad los vales escolares en la próxima sesión legislativa.
Agentes de la Unidad de Integridad Electoral del estado incautaron documentos, computadoras y teléfonos celulares en las casas de Medina, Castellano y los miembros de LULAC.
Lydia Martinez, miembro de LULAC de 80 años de edad, dijo que las autoridades hicieron una redada en su casa a las 6 a.m., según un posteo en Facebook de la filial de LULAC en Texas.
Su casa fue «saqueada» y nueve oficiales la interrogaron durante horas sobre sus actividades de registro de votantes, según el posteo.
«Me sentaron y empezaron a registrar toda mi casa, mi trastero, mi garaje, la cocina, todo», dijo Martinez a Associated Press, añadiendo que la interrogaron sobre otros miembros, incluido Medina.
La orden de registro ordenaba a los oficiales registrar cualquier documento relacionado con las elecciones y confiscar los dispositivos de Martinez.
«No estoy haciendo nada ilegal», dijo Martinez a los oficiales. «Lo único que hago es ayudar a las personas mayores».
El fiscal general ha hecho de la integridad electoral una de sus principales prioridades durante su mandato.
«Estamos completamente comprometidos a proteger la seguridad de las urnas y la integridad de cada voto legal», dijo Paxton.
El 21 de agosto, Paxton anunció otra investigación de integridad electoral, esta vez centrada en informes de que organizaciones no gubernamentales (ONG) podrían estar registrando ilegalmente a no ciudadanos en Texas para votar. Las sanciones incluyen penas de cárcel y multas.
El 26 de agosto, Abbott anunció que desde 2021, Texas ha eliminado a más de 1 millón de personas de las listas de votantes del estado, incluidas las personas que se mudaron fuera del estado, han fallecido y no son ciudadanos.
El comunicado mostró que 6500 no ciudadanos fueron eliminados de las listas de votantes de Texas, con aproximadamente 1930 que tienen un historial de votantes. Abbott dijo que los nombres de los inmigrantes ilegales que votaron serán entregados a Paxton «para investigación y posible acción legal».
La oficina de Paxton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de The Associated Press
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