Casi un 40 % de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe fueron desalojados durante la pandemia, lo que incrementó las posibilidades de que vivieran en la indigencia y evidenció las irregulares condiciones en que se encuentran, dijo un estudio internacional presentado este miércoles.
«Con esto nos damos cuenta de la magnitud y dinámica de los desalojos en la región. Además, cinco de cada diez personas que manifestaron ser desalojadas están en situación migratoria irregular», dijo durante la presentación del documento el consultor regional del informe, Juan Betencur.
La «Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela», realizada por el Sector Regional de Protección de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que el 39.8 % de los entrevistados fueron desalojados y 38.1 % están en riesgo de serlo.
Además, el 11 % de todos los desalojos acabaron en indigencia y tres de cada cuatro hogares caerían en situación de calle si fueran desocupados.
Hasta la fecha, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hay 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela fuera de su país de origen, con 4.6 millones de estas acogidas en la región.
Situación migratoria irregular y condiciones precarias para vivir
La mitad de los migrantes venezolanos viven en una sola habitación, y el 18 % están en alojamientos que no tienen cuartos. Así, suelen vivir en grupo, pues en el 85 % de los hogares habitan más de tres personas y en el 32 %, cinco o más.
A pesar de que la mayoría (86 %) sí mantienen algún contrato de arrendamiento, estos suelen ser acuerdos verbales (73 %), lo que ha desencadenado en más desalojos, pues aunque sólo hay un 11.5 % de migrantes que no tienen o tenían algún tipo de contrato – ni escrito ni verbal-, de ellos el 60 % fueron desalojados, resalta el informe.
A ello hay que añadir que la mitad de los migrantes y refugiados que fueron desalojados están en una situación migratoria irregular.
Aparte, el 18 % asegura tener un permiso temporal de un programa especial, el 10.3 % dice tener permiso o visa como solicitante de la condición de refugiado y el 9.3 % una visa o permiso de residencia temporal.
«Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y en el contexto actual, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas», dijo la relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH, Julissa Mantilla.
Recomendaciones: garantizar políticas públicas
«La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año», explicó el representante especial Conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, Eduardo Stein.
Desde ambas organizaciones que elaboraron el informe, destacan que «afortunadamente» ciertos gobiernos de la región declararon «prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas» con el fin de «prevenir la indigencia durante la pandemia».
Pero muchas de estas «regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos».
Este informe se realizó entre octubre y noviembre pasados en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana- y a 1810 entrevistados.
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