Ministros de la administración del presidente peruano Martín Vizcarra pusieron el jueves sus cargos a disposición, tras conocerse sobre la salida del ministro de Energía y Minas.
La crisis política se generó a raíz de la demanda, presentada esta semana, por la constructora brasileña Odebrecht al estado peruano por cancelar la construcción de un gasoducto al sur del país, el cual fue pausado en 2017 por casos de corrupción.
Vizcarra juramentó la noche del jueves cuatro nuevos ministros, correspondientes a las carteras de Energía y Minas, Justicia, Transportes y Comunicaciones y Educación.
Según el diario El País, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) «aún no ha admitido la demanda presentada por la constructora por 1.200 millones de dólares».
El ministro peruano de Energía y Minas renunció el lunes tras conocerse que hace ocho años asesoró a la constructora brasileña Odebrecht en un controvertido proyecto gasífero.
La renuncia fue confirmada por el presidente peruano Martín Vizcarra. “Para decirlo muy concreto: ya se le ha aceptado la renuncia” al ministro Juan Liu, dijo Vizcarra en un acto público.
La televisora local Panamericana reveló el fin de semana que en 2012 Liu realizó una consultoría para un controvertido plan gasífero que Odebrecht iba a construir pero que fue cancelado en 2017.
Además, que mientras fue asesor del ministerio entre 2010 y 2014, había sido consultor privado de Odebrecht.
El último miércoles Odebrecht demandó a Perú por 1.200 millones de dólares ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial precisamente por ese proyecto gasífero.
Los escándalos de corrupción ligados a la constructora brasileña han golpeado desde 2016 a la clase política peruana como a ninguna otra en la región.
Perú es el único país del hemisferio que ha visto cómo sus cuatro últimos presidentes han sido enjuiciados. Un exmandatario está preso en Estados Unidos mientras se tramita su extradición, otro se suicidó antes de ser detenido, un tercero salió de la cárcel y espera un juicio en el que podría recibir hasta 25 años de prisión, mientras que el cuarto se encuentra bajo arresto domiciliario.
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