Un funcionario de la oficina del Procurador General de Texas dijo durante una audiencia, en la Cámara estatal, que el número de casos de fraude electoral en Texas está en un «máximo histórico».
La cantidad es «mucho más alta que nuestro promedio histórico», dijo Jonathan White, el jefe de la oficina de fraude electoral dentro de la División de Procesamiento Especial del Procurador General de Texas, al Comité de Elecciones de la Cámara de Texas la semana pasada, informó The Texan.
Cuando un legislador estatal le preguntó si había tendencias en los enjuiciamientos por fraude electoral, White dijo que «hay 510 delitos pendientes contra 43 acusados en la corte en este momento», y dijo que es «probablemente por varias razones». No dio más detalles.
White dijo que alrededor del 80 por ciento de los casos pendientes se relacionan con presunto fraude en las votaciones por correo, y el 60 por ciento de los casos resueltos involucran las votaciones por correo.
La oficina del fiscal general procesó 534 casos relacionados con fraudes electorales cometidos por 155 personas desde 2005, según el informe.
“Creo que ambos podríamos estar de acuerdo en que el 99,9 por ciento de las personas son honestas y directas, no hacen trampa en las elecciones. Tampoco andan asesinando personas ni cometiendo robos con agravantes”, dijo White en la audiencia.
La semana pasada, el Senado estatal de Texas, liderado por los republicanos, aprobó una legislación que prohibiría los buzones para los votos por correo y la mayoría de las votaciones desde vehículos, Los republicanos dicen que la legislación «garantiza la integridad de las elecciones». Los demócratas han dicho que la medida equivale a la supresión de votantes y dificulta que las personas con discapacidades y las minorías étnicas voten.
La medida, según el senador estatal Bryan Hughes, un republicano, está «diseñada para abordar las partes del proceso electoral que podían ser aprovechadas por malos actores porque queremos que el pueblo de Texas tenga la confianza de que sus elecciones son justas, honestas y abiertas». La legislación «estandariza y aclara» las reglas de votación para que «cada tejano tenga una oportunidad justa y equitativa de votar, sin importar en qué parte del estado viva».
La legislación también requerirá que los votantes con discapacidades, que quieran calificar para votar por correo, demuestren que no pueden acceder a las urnas en persona, y también requerirá la autorización de los principales líderes estatales para que reciban alertas sobre cualquier financiamiento privado de más de USD 1000 que se dé a los departamentos electorales, según KXAN.
Los demócratas dijeron que el proyecto de ley conducirá a la supresión de votantes.
“Todos los texanos elegibles merecen que se escuche su voz en las urnas, independientemente de su raza, origen étnico, discapacidad, género, edad, ingresos o partido. SB 7 hace que sea más difícil para todos los texanos votar”, dijo una declaración del Partido Demócrata estatal. “Luchamos agresivamente contra este proyecto de ley porque sabemos que privará de sus derechos a los votantes de minorías raciales y étnicas y a los votantes con discapacidades, incluidos los veteranos”.
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