La Fiscalía de Perú considera que el expresidente Pedro Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su gobierno (2021-2022), por los que solicitó que se le impongan 36 meses de prisión preventiva, reveló este miércoles el diario Perú21.
El rotativo señaló que accedió al requerimiento presentado el martes por el fiscal supremo Helder Terán, quien «proyectó» una pena de más de 31 años de cárcel para Castillo, que actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado.
Terán señaló que al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, y que la condena total estimada es la suma de 18 años y 4 meses por el primer cargo, 6 años y 8 meses por el segundo y 6 años y 4 meses por el último, según detalló el rotativo.
En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.
En el pedido fiscal, que será evaluado este viernes por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se acusa a Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.
El nuevo pedido fiscal de encarcelamiento preventivo se ha hecho por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de exjefe de Estado.
La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación que aprobó el Legislativo recomendó acusar a Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.
También por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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