El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, renovó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la designación de un nuevo jefe y de nuevos comandantes generales en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Castillo nombró como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al hasta ahora comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre, y en su lugar designó al general José Vizcarra, su sucesor inmediato.
El mandatario izquierdista estaba forzado a designar un nuevo jefe del Comando Conjunto tras la salida de César Astudillo, que pidió al expresidente interino Francisco Sagasti (2020-2021) ser retirado antes de que Castillo asumiera las funciones presidenciales.
El jefe de Estado aprovechó este cambio para renovar también a los comandantes generales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
En la FAP retiró a Rodolfo Pereyra para ser sustituido por su inmediato sucesor en el escalafón, Jorge Chaparro, pero en la Armada sí hubo una renovación más profunda.
Castillo nombró como nuevo comandante general de la Marina de Guerra al vicealmirante Alberto Alcalá, quien no era el inmediato sucesor para el cargo.
Esta circunstancia se da después de que varios miembros en retiro de la Armada lideraran un movimiento de militares retirados para pedir a las Fuerzas Armadas que no reconocieran a Castillo como presidente, lo que en la práctica hubiera sido un golpe de Estado.
Esto en medio de la tensión vivida después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde los sectores más conservadores se movilizaron contra los resultados electorales y en favor de las denuncias de fraude que la candidata derechista Keiko Fujimori clamaba.
Entre los integrantes de esta campaña estaban los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, actuales congresistas del partido derechista Renovación Popular.
Asimismo, en ese periodo de gran confrontación trascendió que, desde la prisión de máxima seguridad a cargo de la Armada, Vladimiro Montesinos, que fuera el súper asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), llamaba con libertad al exterior para coordinar una presunta compra de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La intención de Montesinos, que cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción, era sobornar a la máxima autoridad electoral de Perú para que admitiera las denuncias de fraude presentadas por Keiko Fujimori fuera del plazo legal para hacerlo.
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