El Caucus Legislativo LGBTQ de California está impulsando una nueva legislación que prohibiría a las juntas escolares promulgar y hacer cumplir las políticas de notificación para informar a los padres si sus hijos cambian de identidad de género en la escuela.
El 22 de mayo, el asambleísta Chris Ward (D-San Diego), vicepresidente del Caucus LGBTQ, presentó el proyecto de la Asamblea 1955 junto con otros miembros del caucus compuesto por 13 participantes demócratas.
El proyecto AB 1955 prohibiría a las escuelas «promulgar o hacer cumplir cualquier política, norma o reglamento administrativo que requiera que un empleado o un contratista revele cualquier información relacionada con la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de un alumno a cualquier otra persona sin el consentimiento del alumno, a menos que lo exija la ley», según el texto propuesto.
La legislación, denominada «Ley de apoyo a futuros académicos y educadores para la juventud de hoy» o «Ley SAFETY», también prohibiría a los empleados o contratistas escolares revelar las identidades de género de los alumnos y prohibiría a los distritos escolares y a los empleados «tomar represalias o medidas adversas contra un empleado» por apoyar tales políticas.
La legislación se creó mediante el controvertido proceso de «entrañar y enmendar», que sustituyó a otro proyecto de ley presentado en enero.
De acuerdo con el Caucus LGBTQ, el AB 1955 fortalecería las protecciones de California contra «salidas forzadas de los estudiantes LGBTQ + en las escuelas». Además «proporciona recursos críticos para los padres y las familias de los estudiantes LGBTQ + para apoyarlos en el trabajo hacia la aceptación de la familia en sus propios términos, y proporciona protecciones adicionales a los educadores que se enfrentan a represalias por parte de los administradores y los consejos escolares por tratar de crear un ambiente escolar inclusivo y seguro».
Tony Thurmond, el superintendente estatal de instrucción pública, también asistió al anuncio del Caucus LGBTQ en apoyo de los esfuerzos para prohibir las políticas de notificación a los padres para las identidades de género de los estudiantes.
A la vez, los defensores de los derechos de los padres dijeron que el proyecto de ley prohíbe las políticas de notificación a los padres que ya han sido legalmente adoptadas por varios consejos escolares en California y las que obligan a los empleados de la escuela a mantener secretos de los padres.
Jacob Huebert, presidente del Liberty Justice Center, que representa a dos distritos escolares de California que luchan por defender sus políticas de notificación a los padres, afirmó en un comunicado de prensa del 24 de mayo que los padres tienen derecho a saber qué hacen sus hijos en la escuela.
El Liberty Justice Center, un grupo jurídico sin ánimo de lucro que defiende los derechos constitucionales, está implicado en los casos judiciales California vs. el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley y Departamento de Educación de California vs. el Distrito Escolar Unificado de Rocklin.
«Los funcionarios escolares no tienen derecho a mantener secretos para los padres. Eso es cierto ahora, y seguirá siendo cierto si el estado aprueba este proyecto de ley», dijo el Sr. Huebert en la declaración. «Nosotros seguiremos apoyando a los padres y a los distritos escolares que quieran respetar sus derechos, y seguiremos representándolos gratuitamente, sin costo alguno para los contribuyentes».
Sonja Shaw, presidenta de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, que promulgó una política de notificación a los padres, pero se le impidió aplicarla a través de una medida cautelar solicitada por el fiscal general del Estado, Rob Bonta, dijo en una declaración del 24 de mayo que tanto el Sr. Bonta como el gobernador Gavin Newsom deben a los californianos una disculpa por demandar al distrito por una política legal que tenía todo el derecho de promulgar y aplicar.
«Las políticas de notificación a los padres son cruciales porque fomentan la confianza entre los padres y las escuelas», dijo la Sra. Shaw. «Estas políticas son un compromiso con la comunidad: son un compromiso de que las escuelas no ocultarán secretos a los padres sobre sus propios hijos».
La afirmación del gobierno estatal de que los profesores se enfrentan a represalias de los padres «es absurda», dijo la Sra. Shaw.
«Los profesores nunca se ocuparon de las notificaciones de los padres, sino los administradores de los distritos», dijo la Sra. Shaw. «Esta disposición es una cortina de humo para un problema inexistente. La seguridad de los niños no debe estar nunca en segundo plano ante el temor infundado de que los adultos tomen represalias contra ellos. Esta narrativa es engañosa y peligrosa».
El Comité de Educación del Senado estatal programó una audiencia sobre el proyecto de ley para el 29 de mayo.
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