Un centro de asistencia médica de Arizona que se convirtió en el centro de atención nacional cuando una mujer discapacitada dio a luz después de ser violada, permanecerá abierto pero bajo la supervisión del estado.
Hacienda Healthcare dijo el 7 de febrero que las instalaciones de Phoenix serían cerradas. «Después de una cuidadosa consideración, la junta directiva ha llegado a entender que simplemente no es sostenible para nosotros continuar operando [la instalación]. De esta manera, comenzaremos a hacer la transición de los clientes y eventualmente dejaremos de operar», dijo en una carta a los empleados.
Pero la oficina del gobernador Doug Ducey dijo el viernes que la instalación permanecerá abierta después de que sus dueños acordaron en permitir que el estado supervise las operaciones.
«(El acuerdo) significa que a los pacientes de Hacienda y sus familias se les permitirá permanecer en el hogar que conocen desde hace años, a la vez que se asegura la implementación de nuevas y mejores protecciones y supervisión», dijo a Reuters Patrick Ptak, vocero de Ducey.
Hacienda dijo el viernes en una nueva declaración, que a raíz de la revelación de la violación tomó nuevas medidas, añadiendo equipos de vigilancia y mejorando la capacitación.
«Nuestros pacientes, sus familias, los miembros de nuestro equipo y la comunidad merecen nada menos que este compromiso por nuestra parte», dijo la compañía en una declaración.
La situación comenzó el 29 de diciembre de 2018. Las enfermeras de la instalación de Hacienda llamaron al 911, diciendo que se sorprendieron al ver dar a luz a una paciente que ni siquiera sabían que estaba embarazada, siendo ayudadas en el momento estresante por el operador de la línea de emergencias y los paramédicos.
La víctima nativo americana de 29 años de edad vivió en la institución durante décadas luego de que un incidente de casi ahogamiento la dejara sin poder moverse libremente o hablar a la edad de 4 años. Los informes iniciales la describen como en estado vegetativo, pero más tarde el abogado de la familia corrigió esa descripción.
Después de obtener muestras de ADN del personal masculino, el Departamento de Policía de Phoenix anunció el 23 de enero que había arrestado a Nathan Sutherland, un enfermero que ayudó a cuidar a la mujer discapacitada. Sutherland, de 36 años, era un enfermero licenciado que trabajaba en la instalación desde 2011.
Sutherland se declaró inocente de los cargos de agresión y abuso sexual de un adulto vulnerable el 5 de febrero.
Impedir los abusos
Los legisladores estatales están buscando maneras de impedir los abusos en las instalaciones de largo plazo.
La Legislatura de Arizona está considerando una medida que permitiría que ciertas instalaciones pongan cámaras de vigilancia en áreas de uso común junto con un plan para evitar violaciones a la privacidad.
Illinois, Kansas, Louisiana, Maryland, Nuevo México, Oklahoma, Texas, Utah, Virginia y Washington han aprobado leyes o reglamentos similares.
«Estamos investigando cómo hacer para que los familiares tengan maneras más confiables de asegurar que sus seres queridos estén seguros», dijo a Associated Press la representante republicana Nancy Barto, patrocinadora de la medida. «Estoy aprendiendo que muchos hogares grupales ya hacen esto. Algunas de esas políticas están funcionando».
Muchas de las leyes vigentes en esos estados permiten a los residentes o a sus representantes poner una cámara o un dispositivo de vigilancia en la habitación del residente después de notificar a la institución.
Carole Herman, fundadora del grupo de defensa Foundation Aiding the Elderly, cuya tía murió de úlceras por presión en un asilo de ancianos, dijo que las instalaciones deben tener cámaras en los pasillos.
«La industria no lo quiere, obviamente», dijo Herman. «Pero si les importa esta gente, ¿cuál es la resistencia a las cámaras?»
Aún así, otros señalaron que aunque las cámaras puedan ser útiles, no lo resuelven todo.
«Incluso si la ley está perfectamente redactada, no va a captar todas las formas de abuso y negligencia», dijo Nicole Jorwic, directora de políticas de derechos en The Arc, un grupo nacional de defensa que sirve a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo.
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