Chile aseguró este viernes que «toma debida nota» del informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, pero alertó que «se han corroborado un gran número de noticias falsas» sobre violaciones a los derechos humanos que fueron descartadas por la Justicia.
«En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso», aseguró en un comunicado el Ejecutivo, que enfatizó «la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia».
El informe de la ONU publicado este viernes consideró que el cuerpo policial de Carabineros es el responsable de la mayoría de violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas que empezaron el pasado 18 de octubre en el país, aunque indicó que las investigaciones nacionales deben determinar las responsabilidades individuales.
La reacción ante protestas que eran pacíficas fue «represiva» y los uniformados utilizaron «fuerza no letal con el objetivo de dispersar a la gente y evitar que llegaran a los puntos de encuentro», dijo en Ginebra la jefa de la misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado.
Según la Oficina de Derechos Humanos que dirige la alta comisionada y expresidente de Chile Michelle Bachelet, la gravedad de la situación se acentúa en vista de que ciertas violaciones ocurrieron de forma «recurrente en tiempo y en espacio», en particular el mal uso de armas no mortales -en particular material antidisturbios y gases lacrimógenos- y maltratos durante la detención.
El documento propone, entre otras, «reformas estructurales» de Carabineros, de modo que haya una supervisión civil e independiente de sus actividades.
Por su parte, el Ejecutivo chileno hizo precisiones a la afirmación del organismo internacional de que muchas de las detenciones fueron «indiscriminadas y arbitrarias»: «Cabe clarificar que el 95,1 % de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia».
Asimismo, respecto a la libertad de la prensa y los defensores de derechos humanos, el Gobierno resaltó que «la colaboración ha sido total y permanente» y que el informe «no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones» a su trabajo.
Informe de ONU contiene información errada, según Gobierno
La subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, Lorena Recabarren, aseguró este viernes en una rueda de prensa que el documento contiene «información errada o falta información actualizada».
Recabarren recordó la «situación imprevista e inédita de violencia» que estalló el pasado 18 de octubre en Chile, lo que, según la subsecretaria, motivó la decisión de decretar el estado de emergencia.
«Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas, como se ha pretendido hacer ver por algunos, lo que determinó la necesidad de decretar el estado de excepción constitucional», afirmó.
Para la subsecretaria, el Estado «cumplió con su responsabilidad como primer garante de los DD.HH, que es precisamente resguardar el orden y la seguridad pública para proteger los derechos de todas las personas».
Por otro lado, subrayó que «el Gobierno y el Congreso se han hecho cargo de las demandas ciudadanas impulsando una importante agenda social y antiabusos».
Además, resaltó que algunas de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. (ACNUDH) ya se están implementando por parte del Gobierno, como programas de reparación para los heridos oculares en las protestas o para las mujeres que han denunciado abusos sexuales presuntamente cometidos por uniformados.
Chile lamenta las denuncias de la ONU
«Lamentamos profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la alta comisionada. Cada una será investigada por el Ministerio Público y sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia», indicó la subsecretaria de Derechos Humanos.
Recabarren también hizo referencia a la revisión de los protocolos de los agentes del Estado, así como la incorporación de cámaras corporales, con el objetivo de «cautelar el uso de la fuerza legítima».
El Ejecutivo chileno expresó su agradecimiento a la misión de la ACNUDH «por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil».
Los observadores de la ONU estuvieron en Chile desde el pasado 30 de octubre hasta el 22 de noviembre, tiempo en el que recorrieron la capital y otras localidades del país con acceso libre a hospitales y centros de detención.
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