El Congreso chileno aprobó este martes la solicitud del presidente del país, Sebastián Piñera, de extender por 15 días más la militarización de una zona del sur del país en la que existe desde hace décadas un conflicto territorial con indígenas mapuche, que se ha agravado en los últimos tiempos.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron el oficio enviado por el mandatario, que comenzó a regir por 15 días el pasado 12 de octubre por decreto presidencial y se alargó por igual periodo y por la misma vía el siguiente 26 de octubre, pero que ahora necesitaba el visto bueno del Congreso para continuar.
La medida, que responde al nombre de estado de excepción constitucional de emergencia, estará vigente hasta el próximo 26 de noviembre y habilita que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad en operaciones de naturaleza policial.
La macrozona de aplicación abarca a las provincias de Bío-Bío y Arauco, en la región del Bío-Bío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, zonas que han experimentado en los últimos tiempos una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.
El Gobierno argumenta que es necesaria por el aumento de actos de violencia en esa parte del país, vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados.
Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.
En su oficio, el presidente defendió que fue necesario prorrogar la declaración inicial atendiendo la permanencia de hechos de violencia en la zona, al tiempo que resaltó que mientras ha regido esta medida estos han ido disminuyendo, constatando una reducción a casi la mitad de los atentados incendiarios y de un 88 % en el caso de las usurpaciones, en comparación a las semanas previas.
Durante el mes en el que ha regido la medida, entre otros hechos violentos, un comunero mapuche resultó muerto en un operativo de seguridad y una escuela fue incendiada.
Asimismo, través de redes apareció un video con alrededor de medio centenar de encapuchados armados, identificados por los letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir «con armas» a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
La Cámara de Diputados aprobó la prórroga durante la mañana de este martes por 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, mientras que el Senado validó esta noche la medida por 21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones.
Los parlamentarios en contra de esta medida argumentaron que la zona ha sufrido de un constante abandono y evaluaron que la militarización no resuelve los problemas, así como sostuvieron que el Estado no ha enfrentado los problemas de fondo, como la demanda de terrenos mapuches.
En tanto, quienes votaron a favor defendieron la militarización como la única herramienta de mantener la tranquilidad ante el desgaste y la saturación que sufre el cuerpo policial de Carabineros para hacer frente a la violencia en la zona.
La medida ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto, y diversos diputados opositores ya anunciaron que votarán en contra de la prórroga.
La situación actual ha despertado diversas reacciones, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que lamentó la reciente muerte del comunero mapuche y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno.
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