El Partido Comunista Chino se embarcó en una purga anticorrupción de su sistema judicial.
Desde mediados de abril hasta mediados de mayo, el Partido anunció investigaciones internas a 12 presidentes de corte y procuradores generales –que están a la cabeza de las fiscalías– por toda China.
Desde que el actual líder del Partido, Xi Jinping, tomó el poder en 2012, lanzó una campaña anticorrupción para hacer una limpieza de los funcionarios de mal comportamiento, que generalmente eran miembros del Partido leales al excabecilla Jiang Zemin. Ellos forman una facción opositora a Xi y sus aliados. Montones de funcionarios fueron purgados.
De los 12 jueces y fiscales bajo investigación, todos tienen algo en común: participaron en la persecución contra la práctica espiritual Falun Dafa. Dicha persecución fue lanzada por Jiang en 1999 y, mientras estuvo en el poder, muchos funcionarios mostraron su lealtad política hacia él llevando a cabo esta atroz campaña violatoria de derechos humanos.
Según los registros de Minghui.org, un sitio web dedicado a reportar la persecución a Falun Dafa en China, los seis presidentes de corte y los seis procuradores generales que están siendo investigados han condenado o perseguido a los practicantes de Falun Dafa solo por sus creencias espirituales.
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una práctica de meditación basada en los principios morales de verdad, benevolencia y tolerancia. Se volvió enormemente popular en China durante los años 1990 –se estima que lo practicaban entre 70 y 100 millones de personas para 1999. No obstante, Jiang percibió la popularidad de Falun Dafa como una amenaza al régimen comunista, por lo que ordenó una persecución a nivel nacional en contra del grupo, movilizando el aparato de seguridad estatal para arrestar, detener y sentenciar a millones a prisión, campos de trabajo forzado y centros de lavado de cerebro.
Por ejemplo, hace apenas dos meses, Zhang Sizhong, actual procurador general de la ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, condenó a dos practicantes de Falun Dafa de Huizhou a 9 y 10 años de prisión. Mientras sirvió como procurador general en otras dos ciudades en Guangdong, Zhang también persiguió a montones de practicantes de Falun Dafa.
Wang Chen, que sirvió como presidente de la Corte Intermedia de la Ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, por más de 7 años, condenó al menos a 82 practicantes de Falun Dafa a prisión, según los registros de Minghui.org. Entre ellos, Cui Hai, una practicante encarcelada en la Prisión de Mujeres de Wuhan, murió apenas 19 días después de comenzar a cumplir su condena, probablemente debido a torturas.
Xu Zhitao, actual miembro de la Comisión de Procuración de una fiscalía de la ciudad de Yantai, provincia de Shandong, violó los propios procesos judiciales del Partido mientras sirvió como procurador general en la ciudad de Laizhou (también en la provincia de Shandong). Xu conspiró con la Oficina 610 –una policía extralegal y secreta establecida específicamente por Jiang para llevar a cabo la persecución a Falun Dafa– para arrestar y perseguir practicantes.
En septiembre de 2015, Cui Lili, practicante de Falun Dafa de Laizhou, visitó el centro local de detención para llevar ropa a su esposo, también practicante de Falun Dafa, que estaba detenido allí. Cui fue secuestrada en el lugar y llevada a un centro de lavado de cerebro local, donde los practicantes padecen tortura psicológica con el objetivo de obligarlos a abandonar sus creencias. En noviembre, Cui fue formalmente arrestada y condenada a siete años y medio de prisión.
Minghui.org también documentó otro caso en febrero de 2016. Sun Shouyu, un practicante de Falun Dafa, fue enjuiciado. El abogado de Sun presentó alegatos para que sea declarado inocente, dado que la libertad de creencia está avalada por la constitución de China. La corte no sentenció ese día. Pero luego, silenciosamente condenó a Sun a tres años y medio de encarcelamiento.
Otros funcionarios judiciales bajo investigación que participaron en la persecución a Falun Dafa provienen de ciudades a lo largo del país, desde Liaoning en el norte hasta Sichuan al oeste de China.
Sin embargo, cada vez más ocurre que los juzgados y fiscalías locales dejan caer casos que involucran a practicantes de Falun Dafa. Según los registros de Minghui.org, hubo al menos 75 casos en que practicantes de Falun Dafa fueron liberados luego de un arresto inicial.
En marzo, el Partido anunció reformas estructurales que debilitarían significativamente la Oficina 610, lo que lleva a muchos analistas a creer que el Partido probablemente quiera dar marcha atrás en la persecución a los practicantes de Falun Dafa.
Anteriormente, la Oficina 610 podía disponer de todos los elementos del aparato de seguridad del Partido –policía, seguridad estatal, sistema judicial y la fiscalía– para perseguir a los practicantes de Falun Dafa.
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