WASHINGTON – A través de su iniciativa ‘Un Cinturón, Una Ruta’ (OBOR por sus siglas en inglés), China está invirtiendo miles de millones de dólares en países emergentes para ayudar a construir grandes proyectos de infraestructura. Muchos de estos proyectos, sin embargo, se financian a través de prestamistas chinos controlados por el Estado, lo que deja a algunas naciones en dificultades por la carga de la deuda poniendo en riesgo su soberanía.
La iniciativa ‘Un Cinturón, Una Ruta’ también conocido como proyecto OBOR, es uno de los programas de desarrollo más ambiciosos del mundo, que abarca casi 70 países y cubre más de dos tercios de la población mundial. En 2013, por primera vez fue propuesto por el líder chino Xi Jinping.
El Partido Comunista Chino hizo de la iniciativa una pieza central de sus planes para aumentar su influencia geopolítica. El objetivo de la iniciativa es entregar billones de dólares de inversión para una vasta red de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones que une Asia, Europa y África.
Los proyectos de construcción masiva de la iniciativa OBOR se financian principalmente a través de una amplia gama de organismos chinos e instituciones controladas por el Estado. En los últimos años, sin embargo, la iniciativa fue percibida como una “trampa de la deuda”, lo que aumentó el riesgo de problemas económicos en los países prestatarios, particularmente en Asia Central y del Sur.
La cuestión de si Beijing, a través de esta iniciativa, está llevando a cabo una “diplomacia de la deuda” también desencadena un nuevo debate internacional. Contrariamente a sus promesas de proporcionar prosperidad a la población local de los países anfitriones, China, según los críticos, está jugando un partida de suma cero.
Jeff Smith, un experto en el sur de Asia de la Heritage Foundation, explica que algunos de los negocios de la iniciativa OBOR son de una sola dirección. Hablando en un panel organizado por la fundación, dijo que las naciones participantes acumularon grandes sumas de deuda con las instituciones financieras chinas y se quedaron enganchadas con altas tasas de interés.
Además, los contratistas chinos se llevan la mayor parte de la construcción de muchos proyectos de infraestructura. Las naciones participantes compensan a las empresas chinas utilizando materiales y trabajadores chinos.
Según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, de todos los contratistas que participan en proyectos financiados por China, el 89% son empresas chinas. Esto contrasta con los proyectos financiados por bancos multilaterales de desarrollo que normalmente utilizan casi un 40 por ciento de contratistas locales.
El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, calificó la iniciativa de “nuevo colonialismo” para expresar su malestar por la creciente influencia política y económica de China en la región.
Retorno geopolítico
Los países occidentales expresaron su preocupación por el ambicioso plan de desarrollo internacional de Beijing, debido a cuestiones que incluyen la falta de normas, transparencia y rendición de cuentas en los contratos de construcción. Según Smith, estos acuerdos facilitaron la corrupción y el nepotismo, y socavaron las prácticas crediticias existentes y las normas internacionales.
Los cientos de miles de millones invertidos en estos países no produjeron ningún beneficio económico; Beijing busca principalmente beneficios geopolíticos, lo que hizo incrementar el riesgo de la deuda.
“Ciertamente hay preguntas sobre la sostenibilidad financiera y el riesgo de problemas de deuda” para los países que participan en el proyecto OBOR, agregó Smith.
Según la empresa de investigación RWR Advisory Group, 270 proyectos de infraestructura de la iniciativa OBOR (o el 32 por ciento del valor de los proyectos totales) fueron suspendidos debido a las preocupaciones financieras. Y la deuda soberana de 27 países participantes en el proyecto OBOR es considerada como “basura” por las agencias de calificación, mientras que otros 14 no tienen calificación alguna.
Países como Djibouti, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Montenegro y Pakistán están en serios problemas, según Smith.
El pago de la deuda externa de Pakistán, por ejemplo, aumentará en un 65 por ciento el próximo año. Mientras tanto, sus reservas de divisas cayeron un 40 por ciento en los últimos dos años.
“Eso es insostenible”, afirmó Smith.
Abusos contra los derechos humanos
La diplomacia de la trampa de la deuda también permitió a China ampliar sus abusos contra los derechos humanos. Hay un aumento del acoso a los disidentes chinos en el extranjero, las detenciones de extranjeros en China y la represión de la libertad académica. Y China estuvo usando su influencia económica y política en la región para silenciar las críticas.
Smith dijo que la mayoría de los expertos chinos dirán que hubo un cambio en la última década no solo en la política exterior de China, sino también en su política interna para convertirse en una nación más asertiva, y “de alguna manera, una nación más agresiva en casa”.
“[El proyecto OBOR], como una extensión de la influencia china, amplió algunas de estas preocupaciones y sirvió como un sustituto de algunas de ellas”, dijo. La administración de Trump criticó abiertamente la iniciativa OBOR y a China en los últimos dos años; y estuvo particularmente preocupado por la creciente crisis de la deuda en la región de Asia y el Pacífico.
El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió anteriormente sobre la inminente crisis financiera en la región y señaló a China, calificándola de “acreedor soberano emergente no transparente”.
El asunto también se planteó en la cumbre del G-20 en Buenos Aires y los líderes mundiales acordaron tomar medidas para abordar “las vulnerabilidades de la deuda en los países de bajos ingresos”.
“Trabajaremos para mejorar la transparencia y la sostenibilidad de la deuda, así como para mejorar las prácticas de financiación sostenible”, dice la declaración.
Los países del G-20 también pidieron “al FMI y al Banco Mundial que trabajen con prestatarios y acreedores para mejorar el registro, el seguimiento y la transparencia de los informes sobre las obligaciones de deuda pública y privada”.
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