La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este miércoles los «graves hechos de violencia» ocurridos en Ecuador el 8 y 9 de enero que desembocaron en la declaración de «conflicto armado interno» por parte del Gobierno.
«La CIDH y RELE condenan la violencia, expresan su solidaridad con el pueblo ecuatoriano e instan al Estado a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia», explicaron en un comunicado desde este órgano vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La postura de la CIDH, que aseguró que va a continuar monitorizando el respeto a los derechos humanos en el país sudamericano, llega después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declarase el estado de «conflicto armado interno» el pasado 9 tras meses de incremento de violencia.
Una situación que se ha extendido por todo el país debido al aumento de poder de diferentes grupos criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres penitenciarias.
La espiral de inseguridad se había trasladado desde las cárceles a las calles de Ecuador, convirtiéndolo en uno de los países más violentos del mundo con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023.
El gobierno de Noboa, que asumió el poder en noviembre para un mandato exprés de año y medio, ha clasificado a estas bandas como grupos terroristas y objetivos militares, y ayer reportó que desde la declaración de situación de «conflicto armado interno» ya hay 1753 individuos detenidos.
En este contexto, la CIDH exhortó este miércoles a la OEA para que continúe dando especial atención a las dinámicas de violencia en Ecuador, así como su impacto en la «democracia, el Estado de derecho y en grupos con situaciones históricas de vulnerabilidad».
Asimismo, durante las acciones de grupos criminales el pasado 9 de enero, el canal TC de Televisión en Guayaquil sufrió un ataque durante una transmisión en directo y sus trabajadores fueron amenazados y retenidos en contra de su voluntad.
La Policía Nacional realizó un operativo para liberar a los profesionales y acabó deteniendo a los responsables.
La CIDH también se pronunció a este respecto detallando que el Estado ecuatoriano «debe brindar garantías para que los periodistas realicen su trabajo en condiciones de seguridad y sin temor a represalias».
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