La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia que Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega, se ha convertido en “un Estado policial de facto” en el que el gobierno sandinista ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía”.
Según la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (MESENI) de la CIDH, Fiorella Melzi, que participó en el evento ‘Nicaragua: retrato de la captura institucional en las Américas‘, en el país centroamericano no hay un sistema de pesos y contrapesos, ya que «todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo».
El evento, organizado por una serie de agencias internacionales —entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)— expuso, además, cómo el gobierno de Ortega incrementó sus tácticas represivas previo a las elecciones generales, celebradas el pasado 7 de noviembre, en las que se proclamó nuevamente ganador.
Antes de la votación, las autoridades nicaragüenses detuvieron a decenas figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes a contendientes presidenciales, asegurando la victoria para el gobernante Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Melzi también hizo énfasis en que esa concentración de todo el poder político en manos de Ortega “ha debilitado el Estado de derecho” y denunció la continua “violación a los derechos humanos”.
En un comunicado de prensa conjunto, después de las elecciones de Nicaragua, la CIDH y el CEJIL urgieron al Estado de Nicaragua a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis (en abril de 2018)” en el país.
Además, exigieron al gobierno de Ortega a “restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales” de los nicaragüenses.
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