Cientos de personas con problemas de salud mental quedan encarceladas en Colorado durante meses a pesar de no haber sido condenadas por algún delito, según datos del Departamento de Servicios Humanos estatal difundidos hoy.
El número de presos con problemas de salud mental esperando quedar en libertad, o a ser trasladados a un hospital, pasó de 3 en junio de 2017 a 177 en enero de este año. En la actualidad llega a los 281.
A la vez, el tiempo promedio de espera para salir de la cárcel pasó de tres a diez semanas y las esperas más largas crecieron de 29 días en junio del año pasado a 149 días en julio de este año, el mes más reciente con datos completos.
La organización Disability Law Colorado presentó en junio pasado una demanda judicial (la cuarta en diez años) en una corte estatal contra las autoridades locales, pidiendo que se termine con el «tratamiento injusto» de los encarcelados con problemas mentales y que respeten los derechos constitucionales de esos reclusos.
«El tiempo de espera (para quedar libres o recibir tratamiento) no tiene ninguna relación con los delitos de los que estas personas fueron acusados, que en su mayoría son de menor cuantía y no violentos», dice la demanda.
«El resultado de estos largos e inconstitucionales retrasos es un círculo vicioso. Cuando más se tarde el estado en que estos individuos tengan su evaluación y sus servicios de restauración, más se exacerba su enfermedad mental», afirma el documento.
Uno de los casos actuales se centra en un hombre identificado como Adam, que terminó en la cárcel de Denver en febrero pasado por haber escupido a un policía. Seis meses después, aún sigue encarcelado, sin contacto con la familia (las autoridades no lo permiten) y sin saber cuándo recibirá su evaluación de salud mental.
Antes de quedar en libertad, los presos deben pasar por una evaluación mental, pero como los casos de presos con problemas de salud mental no tiene fecha para quedar libres, su evaluación mental no es una prioridad. Y sin esa evaluación no pueden quedar libres ni recibir tratamiento.
Sin embargo, las leyes vigentes en Colorado exigen que los tratamientos de salud mental se ofrezcan sólo en las instalaciones adecuadas, mayormente hospitales, pero no dentro de las cárceles.
Ante la situación, el Departamento de Justicia de Colorado intervino entre julio y agosto pasados indicando a los funcionarios del Departamento de Servicios Humanos a trasladar inmediatamente a los 22 presos con mayor tiempo en la cárcel a centros de tratamiento, para evitar cargos de desacato del poder judicial contra los funcionarios que no cumpliesen esa orden.
Ni los jueces ni los fiscales establecen fianzas para esas personas, pero la falta de sitio en los hospitales de salud mental sigue complicando los traslados.
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