El Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) de este país centroamericano, autorizar su disolución anticipada.
La solicitud fue hecha por el representante legal de Bancorp, Luis Barcenas, quien explicó a través de una carta que su junta general de accionistas acordó hace dos días hacer dicha solicitud porque el banco «se encuentra imposibilitado de seguir haciendo negocios, debido a la sanción impuesta» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el pasado 17 de abril.
Por tanto, Bancorp solicitó a la Siboif «la autorización para proceder a la disolución voluntaria anticipada».
El miércoles pasado, Washington anunció nuevas sanciones al Bancorp, una entidad financiera comprada por el Estado nicaragüense a un monto de 22,7 millones de dólares, ante un pedido «con carácter de urgencia» realizado por el presidente Daniel Ortega, aunque dicha compra aún no se publica en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Bancorp asistió, patrocinó y proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien fue sancionada por Washington en noviembre pasado y cuyos bienes e intereses en bienes están bloqueados en ese país.
«Podemos afirmar categóricamente que la vicepresidenta de Nicaragua nunca ha sido cliente de nuestro banco, ni ha tenido vinculación alguna en nuestras operaciones», señaló Bancorp en un comunicado este miércoles.
Creada en 2014 como subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y financiada por el régimen venezolano, Bancorp es un banco utilizado por el «régimen de Ortega para blanquear y ocultar dinero de Albanisa», según el Departamento del Tesoro.
También es utilizado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para el blanqueo de dinero y, a partir de 2018, «ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida», según el Tesoro estadounidense.
Asimismo, Bancorp, como subsidiaria de Albanisa, es en última instancia propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) y, como tal, fue bloqueada por efecto de la ley tras la designación de PdVSA el 28 de enero de 2019.
En su comunicado, Bancorp informó de que inició operaciones en abril de 2015 y que los fondos que administró de Albanisa «procedían directamente» de varios bancos del Sistema Financiera Nacional.
«Albanisa no es cliente de Bancorp desde febrero pasado», indicó la entidad, que aseguró ser un banco privado de capital nacional -que no identificó- «donde nunca ha existido participación accionaria de Albanisa, PdVSA o subsidiarias de estas».
El anterior superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, dijo ante el pleno de la Asamblea Nacional en febrero de 2015 que Bancorp es propiedad de Albanisa.
Francisco López, tesorero del gobernante FSLN y vicepresidente de Albanisa, y quien fue sancionado por Estados Unidos el 5 de julio de 2018 por su participación en la violencia en Nicaragua, formó parte la directiva de Bancorp.
También Jorge Martínez, presidente de la financiera Caja Rural Nacional (Caruna), una entidad donde se colocaron los recursos que provenían de la cooperación venezolana que hasta el primer semestre de 2018 sumaban 4.932,4 millones de dólares desde que Ortega retornó al poder en enero de 2007 y son administrados al margen de la ley del presupuesto nacional, según cifras del Banco Central.
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