La ciudad de Tallahassee, Florida, está impugnando una enmienda constitucional estatal que refuerza los derechos de las víctimas de delitos al frenar las leyes estatales de registros abiertos.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida falló el 6 de abril en el caso que la enmienda, que protege las identidades de las víctimas de delitos, cubre a los agentes de policía que son víctimas de delitos.
Los funcionarios de Tallahassee argumentan que el fallo tiene el efecto de interferir con la capacidad del público para responsabilizar a la policía en un estado reconocido por sus leyes que garantizan el acceso público a los registros gubernamentales.
La apelación se produce menos de un mes después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. decidiera no presentar cargos penales contra el oficial de policía del Capitolio de EE. UU. aún no identificado involucrado en la balacera mortal contra Ashli Babbitt, de 35 años, durante la irrupción de seguridad en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero, mientras el Congreso estaba en proceso de certificar oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
El gobierno federal ha ocultado la identidad del oficial de policía. A diferencia de muchas otras organizaciones policiales, según se informa, no existe una regla que requiera que la fuerza de policía del Capitolio de los EE. UU. proporcione el nombre del oficial de policía que disparó.
En dos encuentros separados, los sospechosos de delitos amenazaron a los agentes de policía de Tallahassee con fuerza letal, según el fallo de la corte de apelaciones.
“Ante la inminente amenaza de daño, los agentes respondieron de la misma manera, resultando en víctimas mortales. Tras los encuentros, la ciudad de Tallahassee reveló su intención de revelar al público las identidades de los agentes de policía. Los oficiales y su representante de negociación registrado, la Florida Police Benevolent Association Inc. (…) se opusieron a la divulgación pública de las identidades de los oficiales y solicitaron una declaración del tribunal de primera instancia de que los oficiales tenían derecho a las protecciones otorgadas a las víctimas de delitos”.
La apelación, citada como Ciudad de Tallahassee contra la Florida Police Benevolent Association Inc., se presentó ante la Corte Suprema de Florida el 4 de mayo. El actual alcalde de Tallahassee es John E. Dailey, un demócrata que sucedió en 2018 a Andrew Gillum, también demócrata.
La enmienda 6 fue aprobada por los votantes de Sunshine State en 2018, recibiendo un 61.6 por ciento de votos «sí», según Ballotpedia.
La pregunta de la boleta se refería a tres propuestas distintas. Una agregaba los derechos específicos de las víctimas de delitos, conocidos colectivamente como la Ley de Marsy, a la Constitución del estado; otra elevaba la edad de jubilación judicial de 70 a 75; y otra prohibía a los tribunales estatales diferir a la interpretación de una agencia administrativa de un estatuto o regla estatal en los juicios.
El esfuerzo por consagrar la Ley de Marsy en los Estados Unidos se produjo después de que Marsalee («Marsy») Nicholas fuera asesinada por su exnovio. Una semana después, su hermano y su madre se sorprendieron al encontrarse con el exnovio en una tienda de abarrotes, sin saber que las autoridades lo habían liberado. Surgió entonces un movimiento de reforma legal liderado por el hermano, el multimillonario tecnológico Henry Nicholas.
El caso legal ahora ante la Corte Suprema de Florida se promociona como la primera prueba importante de si la Ley de Marsy está en desacuerdo con las garantías de transparencia del gobierno incorporadas en lo que posiblemente son las leyes de registros públicos más amplias del país.
El tribunal de apelaciones dictaminó que no hay nada en la Ley de Marsy que «excluya a los agentes del orden, u otros empleados del gobierno, de las protecciones otorgadas a las víctimas de delitos».
Un oficial de policía «cumple con la definición de víctima de un delito» según la Ley de Marsy «cuando un sospechoso de un delito amenaza al oficial con fuerza letal, lo cual hace que el oficial tema por su vida».
Los dos policías mencionados en el proceso judicial estuvieron involucrados en incidentes separados de uso de la fuerza. El oficial identificado como «John Doe 2» disparó contra una persona transgénero negra en mayo de 2020 en un incidente que recibió la atención de los medios nacionales, según la estación de televisión WJXT.
Debido a que el oficial fue víctima de un asalto agravado con un arma mortal en el incidente que involucró a Natosha “Tony” McDade, la asociación policial argumentó que tenía derecho a las protecciones de privacidad bajo la Ley de Marsy.
La Fundación de la Primera Enmienda, la Asociación de Prensa de Florida y varios medios de comunicación intervinieron en el procedimiento legal, diciendo que la aplicación de la Ley de Marsy a los agentes del orden socavaría las leyes de transparencia del gobierno.
El fallo de la corte de apelaciones anuló un fallo de un juez de circuito del condado de Leon que determinó que «el lenguaje explícito de la Ley de Marsy no estaba destinado a aplicarse a los agentes del orden cuando actuaban en su capacidad oficial» y ordenó a la ciudad que divulgara los nombres de los agentes.
Cassandra K. Jackson, abogada municipal de Tallahassee, dijo que la ciudad presentó el caso por preocupación por la transparencia del gobierno.
La ciudad de Tallahassee está buscando la revisión de la decisión de la corte de apelaciones «encontrando que los oficiales de policía, mientras realizan sus deberes públicos, deben gozar de las protecciones de la Ley de Marsy», dijo Jackson a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Este caso es de gran importancia pública para el Estado de Florida en su interpretación a nivel de apelación del Artículo 1, Sección 16 de la Constitución de Florida (Ley de Marsy). Con respecto a la opinión de la Corte y la apreciación del difícil trabajo que realizan los oficiales de policía todos los días, la decisión tiene implicaciones de largo alcance relacionadas con la transparencia pública y merece una revisión final por parte del tribunal más alto de Florida”.
La Florida Police Benevolent Association no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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