Una ciudad fronteriza de Texas y el gobierno federal llegaron a un acuerdo que detiene el traslado de inmigrantes ilegales a la comunidad fronteriza, según un informe.
El alcalde de Laredo, Pete Sáenz, dijo a The Monitor que, según el acuerdo, los inmigrantes ilegales trasladados a la ciudad fronteriza desde el Valle del Río Grande ya no permanecerán en Laredo, sino que serán entregados al personal de la ciudad y enviados en autobús a lugares como Austin, Dallas y Houston.
Sáenz dijo a The Monitor que, según el acuerdo, la ciudad no está obligada a hacer pruebas de COVID-19 a los individuos antes de transportarlos a otros lugares de Texas.
«La razón por la que no hacemos pruebas es que una vez que se hace la prueba, hay una obligación», dijo Sáenz al medio. «Si son positivos, nos dicen que hay que ponerlos en cuarentena. No tenemos la infraestructura necesaria para ello».
«Sé que algunas personas pueden decir: ‘Básicamente, están transportando a personas que no han sido examinadas a otras ciudades’. Y la respuesta es: ‘Sí’. Pero, ¿qué alternativa tenemos aquí, a nivel local?». dijo Sáenz al medio, añadiendo que no ha habido camas de UCI disponibles en los hospitales de Laredo en los últimos siete días.
«Hemos tenido gente en exceso, básicamente esperando una cama de hospital en los pasillos. Creo que hoy hemos tenido cerca de 40 esperando una habitación», dijo, y añadió que corresponderá a las autoridades de los distintos puntos de destino realizar las pruebas y proporcionar las medidas de seguridad.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del alcalde de Laredo para pedirle comentarios y más detalles sobre el acuerdo.
El acuerdo pone fin a una demanda interpuesta por la ciudad de Laredo en julio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pretendía impedir que la agencia trasladara a los inmigrantes ilegales del Valle del Río Grande a lugares de Laredo cuando un aumento de las infecciones por COVID-19 en la ciudad puso a prueba los recursos hospitalarios y la capacidad limitada de los refugios.
Los funcionarios de la ciudad dijeron en los documentos judiciales que las ONG locales que asistían a los inmigrantes ilegales estaban desbordadas y que había un aumento en el número de personas que eran liberadas sin las pruebas de COVID-19, lo que suponía un riesgo para la comunidad.
«Como Laredo es una comunidad médica desatendida con recursos limitados, simplemente no puede asumir un incremento de casos positivos de COVID-19», afirma el documento judicial.
Los funcionarios de Laredo dijeron en la demanda que la administración Biden estaba causando un «daño irreparable» con la avalancha de inmigrantes ilegales que se estaba dispersando en la comunidad.
El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre la demanda.
El jueves, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, visitó las ciudades fronterizas texanas de McAllen y Brownsville, donde se reunió con líderes locales y reiteró que «la situación en la frontera es una prioridad» para la agencia.
«Para empezar, quiero comunicar muy claramente que la situación en la frontera es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos. Es complicada, cambiante y afecta a personas vulnerables en un momento de pandemia mundial», dijo Mayorkas en una reunión informativa en Brownsville.
El jefe del DHS también compartió estadísticas sobre las detenciones a lo largo de la frontera, diciendo que, en julio, 212,672 personas fueron detenidas tratando de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, un aumento del 13 por ciento con respecto a junio. Añadió que el 45 por ciento de los inmigrantes ilegales detenidos en julio fueron expulsados inmediatamente en virtud del Título 42.
Mayorkas también describió los esfuerzos de la administración para hacer frente al problema, que, según dijo, implica una combinación de factores de empuje y de atracción—mejorar la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, tratar de abordar algunos de los factores que llevan a la gente a abandonar sus hogares.
«Nuestro plan tiene cuatro partes fundamentales: abordar las causas de fondo, reconstruir y construir vías seguras, legales y ordenadas para que los migrantes soliciten ayuda en virtud de nuestras leyes, sin tener que emprender el peligroso viaje hacia el norte, mejorar la gestión de la seguridad, el procesamiento y otras medidas en nuestra frontera, y hacer frente a los contrabandistas», dijo.
Con información de Charlotte Cuthbertson.
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