Ciudades de todo el Condado de Orange (California) han considerado la posibilidad de permitir que las ventas comerciales de cannabis generen ingresos fiscales y ayuden a compensar los déficits presupuestarios provocados por la pandemia de COVID-19.
Los ayuntamientos de Costa Mesa, Anaheim y Fullerton han estado debatiendo el tema en los últimos meses. Costa Mesa, por ejemplo, prevé un déficit presupuestario de unos 5 a 10 millones de dólares, y estima en 3 millones de dólares los posibles ingresos por concepto de impuestos sobre las ventas de cannabis.
Santa Ana es la única ciudad del Condado de Orange que actualmente permite la venta al por menor de cannabis y los negocios comerciales asociados, incluida la fabricación y la distribución.
Desde que entró en vigor la Propuesta 64 en 2018, que legaliza la venta y el uso de la marihuana con fines recreativos en California, se ha dejado a discreción de cada gobierno local la regulación de las actividades relacionadas con la venta al por menor de cannabis.
Costa Mesa
La ciudad de Costa Mesa propondrá una medida para regular el cannabis en la boleta de las elecciones generales de noviembre.
En noviembre de 2016, la ciudad aprobó la Medida X, que permite la fabricación, prueba y distribución de marihuana en una zona designada en el noreste de la ciudad. Las autoridades han estado trabajando para cerrar los dispensarios ilegales fuera de esa zona.
Abrirlo en toda la ciudad podría reducir simultáneamente los gastos de las inspecciones policiales y generar ingresos, según dicen los partidarios de la nueva medida electoral.
En un pleno del Consejo Municipal del 21 de julio, el Consejo decidió 6 a 1 someter la medida a votación, incluyéndola en la boleta electoral. El concejal Allan Mansoor votó en contra. Una de sus preocupaciones era que los dispensarios sin licencia todavía aparecieran en Santa Ana, a pesar de que las tiendas se legalizaran allí.
La concejala Sandra Genis votó a favor, pero enumeró las preocupaciones que algunos residentes han planteado. Estas incluyen un potencial aumento de personas que conducen bajo la influencia de la marihuana, efectos que la sustancia puede tener en el desarrollo del cerebro de los adolescentes, y críticas que alegaban que la Medida X no trajo la ganancia extraordinaria de ingresos prometida.
Varios estudios, incluido un estudio de 2018 publicado en el American Journal of Psychiatry, han sugerido que el consumo de cannabis por parte de los adolescentes puede tener impactos cognitivos negativos duraderos. Los esperados 1.56 millones de dólares en ingresos de la Medida X en realidad solo aportaron a las arcas 160,000 dólares, según dijo la subdirectora de finanzas de la ciudad Jennifer King al Daily Pilot en enero.
Mansoor y Genis estaban preocupados por una parte de la propuesta que ordenaba acuerdos de paz laboral en negocios de cannabis con dos o más empleados. Los acuerdos facilitan la sindicalización de los trabajadores.
La ley estatal ordena acuerdos de paz laboral para los negocios de cannabis con 20 o más empleados. Genis preguntó si era un error de imprenta, y debía poner 20, como el mandato del estado, en lugar de 2.
La alcaldesa Katrina Foley dijo que no era una errata. Esto fue adoptado en la propuesta por sugerencia de un representante del sindicato United Food and Commercial Workers que forma parte de la junta de la Cámara de Comercio de Cannabis del Condado de Orange.
«Probablemente no votaré a favor», dijo Genis refiriéndose a la medida de la boleta electoral. «Pero respeto el derecho de la gente a votar por ella».
Durante el período de observaciones públicas, varios propietarios de negocios de cannabis testificaron. Algunos llamaron desde Santa Ana y dijeron que gran parte de sus entregas son a clientes de Costa Mesa. Eso significa que Santa Ana está obteniendo las ganancias del impuesto sobre las ventas pagado por los residentes de Costa Mesa.
Robert Taft, director general de la 420 Central de Santa Ana, fue una de las personas que llamó. Dijo que en los últimos meses, ha tenido 300-500 clientes mensuales y ha pagado aproximadamente 55,000 dólares mensuales en impuestos en Santa Ana.
Carol Molina, directora de finanzas de Costa Mesa, dijo a The Epoch Times que el turismo ha bajado significativamente, lo cual ha provocado que la ciudad pierda ingresos que se obtenían por los impuestos hoteleros y por conferencias de negocios.
«Así que, obviamente, esos 3 millones de dólares [de impuestos a las ventas de cannabis] ayudarían a cerrar un poco esa brecha», dijo Molina. El presupuesto total de la ciudad es de 152.5 millones de dólares.
Molina dijo que Costa Mesa ha recibido algunos fondos de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) y espera recibir al menos 1 millón de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Pero los fondos de la FEMA «solo compensarán los gastos que la ciudad ha realizado en relación con la emergencia, por lo que no compensarán las pérdidas de ingresos», dijo.
Anaheim
El Ayuntamiento de Anaheim derogó una ordenanza sobre el cannabis en junio, pero volvió a examinar el tema a principios de julio.
Mike Lyster, jefe de comunicaciones de Anaheim, dijo a The Epoch Times que «entre 10 y 20 dispensarios» ya están operando en la ciudad de forma ilegal. Incluso cuando las fuerzas de seguridad los cierran, se abre otra tienda, dijo.
«Así que la discusión fue, ‘Bueno, siempre han estado aquí. Gastamos muchos recursos para abordar [este tema], por lo que deberíamos crear un sistema de regulación que permita un puñado», dijo Lyster.
Gravar con impuestos a los negocios de cannabis podría aportar unos 5 millones de dólares al año, dijo Lyster. «Eso está a la par con un hotel de bastante buen rendimiento en nuestra ciudad. No es abrumador, pero por supuesto que en este momento se está buscando la manera de obtener ingresos adicionales, es algo que ya se ha estudiado», dijo.
La ciudad inicialmente pronosticó un déficit presupuestario de 75 millones de dólares para el año fiscal 2020-2021 debido a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Pero el cálculo se ha reducido a entre 40 y 50 millones de dólares después de que la ciudad recibiera los fondos federales de la Ley CARES, dijo Lyster.
El reembolso de los gastos de respuesta a la COVID-19 por parte de la FEMA puede alterar aún más la cantidad del déficit.
En junio, el Consejo consideró una propuesta para un proceso de aprobación de tres pasos que regularía el cultivo, la fabricación, la distribución y la imposición de impuestos al cannabis para reducir aún más el déficit presupuestario. Los tres pasos habrían necesitado la aprobación del Consejo para que la venta de cannabis avanzara.
El Consejo rechazó la propuesta 5 a 2. El alcalde Harry Sidhu primero votó a favor, pero cambió su voto a «no». Su hijo es un consultor de la industria del cannabis, aunque la ciudad determinó que Sidhu no tiene técnicamente un conflicto de intereses y le permitieron votar sobre el asunto.
Dos de los concejales que se opusieron a la propuesta representan distritos que comparten el área comercial del Cañón de Anaheim, donde es probable que aparezcan muchas de las tiendas.
Uno es el concejal republicano Trevor O’Neil. Él dijo en el pleno del 9 de junio: «No convirtamos el Cañón de Anaheim en el Cañón del Cannabis».
«No creo que sea algo bueno para nuestra comunidad. No creo que sea algo bueno para nuestros vecindarios. No creo que sea algo bueno para nuestra juventud en riesgo», dijo. «Ciertamente no creo que obtengamos ningún ingreso significativo de esto. En cambio, traeremos más problemas que terminarán costándonos más a largo plazo».
Él trajo a colación la misma preocupación que Genis y Mansoor en Costa Mesa: Anaheim también quería ordenar acuerdos de paz laboral en negocios de cannabis con dos o más empleados, en lugar de 20 como el mandato del estado.
O’Neil dijo que esto probablemente equivaldría a que todos los trabajadores del cannabis en la ciudad estuvieran sindicalizados. Dijo que esto no debería ser decidido por la ciudad y lo calificó de inconstitucional.
El alcalde pro tempore Stephen Faessel es el otro concejal cuyo distrito abarca parte del Cañón. Dijo que su distrito ya contiene «cada cama de refugio» y ahora «No creo que sea justo para mis residentes (…) albergar muchas de las tiendas de cannabis».
«Traté de mantener mi corazón abierto a esto», dijo Faessel. Dijo que le conmovió la historia de una mujer con la que habló que había trabajado en una operación ilegal de cannabis, luego hizo el cambio a una operación legal y vio mejoras dramáticas en sus condiciones de trabajo y en su vida.
«Pero todavía no me siento cómodo con este tema y no lo apoyaré», dijo.
La Asociación de la Policía de Anaheim emitió una declaración en mayo en la que apoyaba la propuesta, aunque a regañadientes. La declaración dice que la asociación estaba inicialmente en contra de la Proposición 64, que abrió la puerta a los negocios de cannabis en todo el estado.
Pero la mayoría de los votantes de Anaheim apoyaron la Prop. 64, y «tenemos que enfrentar la realidad de los impactos negativos de las tiendas y ventas ilegales de cannabis mientras renunciamos a los beneficios de las operaciones legales de cannabis cuidadosamente reguladas y controladas», dice la declaración.
«Esta es una situación sin salida para los residentes de Anaheim y las fuerzas de seguridad. Tras un considerable estudio y consultas con expertos y partes interesadas, la Asociación de Policía de Anaheim (…) apoya la aprobación de la ordenanza sobre la legalización del cannabis».
El Consejo no ha decidido cuándo resucitar el debate sobre el cannabis, pero Lyster dijo que está seguro de que se seguirá debatiendo en el futuro.
Mientras tanto, dijo Lyster, algunas de las reaperturas de la ciudad han ayudado a acolchar las pérdidas financieras. Downtown Disney, situado a la entrada de Disneylandia, comenzó a reabrir por etapas el 9 de julio, aunque el parque temático emblemático de la empresa, cuya reapertura estaba prevista inicialmente para el 17 de julio, sigue cerrado.
«Eso es alentador para nosotros; es un gran generador de impuestos de ventas. Pero, por supuesto, los parques, los hoteles, el centro de convenciones, son nuestros mayores generadores de ingresos, ingresos por estadías en hoteles y también por impuestos sobre las ventas», dijo Lyster.
«Ahora es cuando típicamente veríamos a gente de todo el país y del mundo visitándonos. Julio y agosto son los meses en los que realmente recibimos visitantes nacionales e internacionales, mientras que los visitantes regionales tienden a prevalecer en las otras partes del año».
Fullerton
Fullerton ha revisado su ordenanza sobre el cannabis, el Título 15, que prohíbe la distribución, la fabricación, el ensayo, la entrega y el cultivo de la marihuana desde diciembre de 2017.
En un pleno celebrado el 7 de julio, el Concejo Municipal de Fullerton votó 3 a 2 para revisar los negocios de cannabis propuestos, llevar a cabo actividades de extensión comunitaria para los residentes de habla hispana, preparar zonas para salvaguardar a los jóvenes y revisar posibles enmiendas al código municipal como preludio para legalizar y gravar la venta de marihuana con fines recreativos.
Una vez que se completen las recomendaciones, se pasarán a la comisión de planificación de la ciudad para su aprobación.
El gerente de la ciudad, Kenneth A. Domer, dijo a The Epoch Times que la ciudad se enfrenta a dos desafíos: la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la oleada de gastos por la COVID-19.
«Somos una comunidad residencial o ciudad-dormitorio más grande. Por ejemplo, la ciudad de Orange tiene la misma cantidad de población y el mismo tamaño geográfico, pero aportan el doble de ingresos por impuestos de ventas en Orange que lo que aportan aquí», dijo Domer.
«Así que esa es la cuestión a largo plazo. Y tenemos muchos problemas de carreteras, problemas de infraestructura que tenemos, mucho mantenimiento aplazado».
La ciudad tiene un presupuesto total de poco más de 240 millones de dólares para el año fiscal 2020-2021, con un fondo general de 106 millones de dólares.
Fullerton obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de los impuestos sobre la propiedad y las ventas. Domer dijo que la ciudad perdió el 3 por ciento de sus ingresos fiscales debido a la pandemia; prevé un déficit de 9 millones de dólares.
La ciudad puso a 153 empleados a tiempo parcial, y el equipo de liderazgo ejecutivo tuvo un recorte salarial del 10 por ciento, en un intento de reducir la brecha. En el pleno del 7 de julio, la ciudad también decidió poner una medida en la boleta de noviembre pidiendo a los votantes que aprueben un impuesto sobre las ventas de la ciudad del 1.25 por ciento, que se espera que genere unos 25 millones de dólares anuales.
Domer no cree que enmendar la ordenanza sobre el cannabis resuelva los problemas fiscales de la ciudad. «No creo que el cannabis sea una fuente de ingresos para la ciudad», dijo.
«En todo caso, debería cubrir los costos de la regulación de las actividades relacionadas con el cannabis. Debería cubrir la aplicación de códigos para perseguir los dispensarios ilegales de cannabis que todavía funcionan, y pagar los gastos de la policía. Debería pagar, ya saben, la educación pública y las actividades educativas para (…) la lucha contra las drogas y todo eso, y algunos otros asuntos de beneficio comunitario».
Domer dijo que la ciudad quiere establecer los criterios de quién puede operar un dispensario. «Queremos gente con mentalidad de negocios legítima que cumpla con todos los códigos estatales y locales. No queremos a esas personas que operan en una (…) pequeña tienda en la parte trasera de un centro industrial».
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