Diez días después de su extradición desde España, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante parte del sexenio pasado Emilio Lozoya ha causado un sismo en la política mexicana por sus declaraciones sobre la brasileña Odebrecht y su rol en la reforma energética de 2013.
Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado la «importancia» de las confesiones de Lozoya, aún no es claro el proceso que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que estas son las cinco claves que explican el caso hasta ahora.
Las acusaciones
Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El exjefe de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los que presuntamente 4 millones fueron para la campaña presidencial y el resto para obras en el Gobierno.
Además, el exfuncionario es presunto implicado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta «chatarra» de fertilizantes Agro Nitrogenados a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).
Por esta razón, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, detenido en España desde mayo del año pasado.
Trato preferencial
Interpol detuvo a Lozoya el 12 de febrero pasado en Málaga, España, país donde estuvo detenido hasta su extradición, el 17 de julio, cuando llegó en un vuelo especial de la FGR a Ciudad de México.
Aunque el acusado debía ingresar al Reclusorio Norte de la capital mexicana, las autoridades lo trasladaron al exclusivo Hospital Ángeles del Pedregal porque una revisión médica le detectó anemia y problemas en el esófago, según la Fiscalía.
López Obrador ha defendido que «valdrá la pena» tratar a Lozoya como «testigo protegido» y reducirle la pena.
«Dicen algunos: ‘no, no está en la cárcel, está en un hospital’, pues hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente», declaró el mandatario la semana pasada al sugerir que la vida de Lozoya está en riesgo.
Las confesiones
En documentos del Gobierno federal filtrados a la prensa, Lozoya reconoce los sobornos de Odebretch, incluyendo una reunión en una panadería con el exdirector de la constructora brasileña en México Luis Alberto Meneses Weyll.
Lozoya, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que 52.4 millones de pesos (más de 2.3 millones de dólares) se usaron como soborno para que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aprobara la reforma energética en 2013, que abrió el sector a los privados.
López Obrador, crítico de esta reforma, avaló las confesiones del exfuncionario.
«Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la reforma energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)», dijo el viernes pasado.
Los salpicados
Según las filtraciones, Peña Nieto y su jefe de campaña y posterior secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, habrían operado los sobornos.
Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder del PAN, recibió presuntamente 6.8 millones de pesos (más de 300,000 dólares), cuando era presidente de la Cámara de Diputados para que su bancada apoyara la reforma energética en 2013.
Otros opositores de alto perfil señalados son los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes entonces eran senadores.
El espectáculo
Organizaciones civiles y políticos de oposición han acusado al actual Gobierno de montar un espectáculo porque Lozoya no ha pisado la cárcel y se desconoce el estatus de su proceso legal y la fecha de su audiencia formal ante un juez.
Los políticos del derechista PAN niegan las acusaciones de Lozoya al argumentar que ellos ya apoyaban abrir el sector energético a los particulares desde que controlaban la presidencia (2000-2012).
«Ojalá las pruebas se presenten ante un juez y no solo a la prensa. Y que no haya posibilidad de alegar violación al debido proceso, u otra argucia», opinó la senadora Xóchitl Gálvez.
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