Por años, la economía de Perú se mantuvo impasible ante los vaivenes de la política interna y logró un crecimiento sostenido que solo la pandemia paró en seco. Comenzaba a subir la cuesta de la recuperación, pero el clima de violencia y protestas en las calles parece haber terminado por disuadir el crecimiento y poner en pausa gran parte de la actividad.
Después de 49 fallecidos en manifestaciones antigubernamentales en poco más de un mes y alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas, los analistas ya prevén una desaceleración de la economía y una caída del alza del PIB al 2,5 % en 2023.
«Los escenarios que se abren son múltiples, pero ninguno positivo. Ese crecimiento en torno al 2,5 o 3 %, siendo optimista, ahora es lo mejor que podrías esperar en el corto plazo, porque todos los escenarios son con riesgo a la baja», declaró a EFE el exministro de Economía (2014-2016) Alonso Segura.
Al final de 2022, la economía peruana creció el 2,9 %, a pesar de las graves denuncias de corrupción y peticiones de destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, que, finalmente, intentó dar un golpe de Estado, cuando se sintió acorralado por las sospechas de corrupción, y precipitó su vacancia (destitución).
Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado y presentó un gabinete de técnicos, que prometía devolver la calma a los actores económicos y relanzar un paquete de reactivación para avanzar en 2.500 obras públicas detenidas.
No obstante, las calles estallaron en el sur del país, donde hay importantes yacimientos mineros y de gas, con peticiones de nuevas elecciones generales inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte por supuestamente haber traicionado a Castillo.
Segura señaló que hay «demasiadas variables que están en el aire, que todas ellas generan dos cosas: incertidumbre muy fuerte y discontinuidad en términos de capacidad productiva», especialmente en actividades como la minería, hidrocarburos y agricultura.
«Lamentablemente, gran parte de la izquierda peruana está poniendo a la gente de carne de cañón, con tal de lograr sus objetivos ideológicos y políticos», aseguró el economista.
Para el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima, la economía peruana registrará una desaceleración en 2023, con un crecimiento en torno al 2,4 %.
Atribuye ese comportamiento al «complicado escenario local» y a pesar de que la minería logrará un alza estimada del 5,7 % por el ingreso de nuevas unidades cupríferas como Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicada en la sureña Moquegua.
Precisamente, la minería es uno de los sectores «afectados constantemente por las protestas y olas de violencia en el país», según indicó Oscar Chávez, jefe del Iedep, en una proyección ofrecida a la prensa esta semana.
El sector de servicios, que aporta la mitad del PIB, caerá al 3,1 % según el Iedep y su recuperación está «condicionada a la estabilidad social que garantice la libertad de sus operaciones en las regiones del país», afirmó Chávez.
Para el exministro Segura, «toda empresa mediana o grande que no tenga compromisos inmediatos que honrar, lo que va a hacer es decir retraigo (las inversiones) porque no saben en qué termina esto».
El también catedrático añadió que si «continúa la violencia, lo primero que van a hacer las calificadoras de riesgo es bajar las calificaciones» y «te vas al último peldaño del grado de inversión y con una incertidumbre enorme hacia adelante».
El mes pasado, la agencia S&P Global Ratings bajó la calificación de deuda en moneda extranjera a largo plazo del Perú a negativa por un mayor estancamiento político debido a la forma en que ocurrió el cambio en el Ejecutivo.
Asimismo, Fitch Ratings bajó en octubre la calificación del Perú a negativa por un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del Gobierno.
«En un escenario así, tu calificación de grado de inversión está en riesgo en los próximos 24 meses», expresó Segura.
Aunque el Gobierno de Boluarte ha recibido el voto de confianza del Congreso, respaldada por las bancadas más conservadoras, es difícil vislumbrar que las protestas, alentadas por la extrema izquierda, bajen de intensidad muy pronto.
Las calles seguirán con sus demandas en los próximos días, especialmente después de que la Fiscalía de la Nación ha iniciado una pesquisa a Boluarte y varios ministros por genocidio y otros delitos, a raíz de las muertes producidas en su flamante Gobierno.
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