Una reciente sentencia de la corte indicó que una amplia ley federal impuesta bajo el mandato del presidente George W. Bush ampara a una clínica que administró a un niño la vacuna contra COVID-19 sin el consentimiento de sus padres.
La Old North State Medical Society, cuyos trabajadores administraron la vacuna al niño, está amparada por la Ley de Preparación para Emergencias y Preparación Pública, declaró el 5 de marzo la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte.
La Junta de Educación del condado de Guilford, que también fue demandada por el niño y su madre, también está amparada por la ley, conocida como Ley PREP, según la corte.
«Por supuesto, estamos muy decepcionados con la sentencia, y actualmente estamos sopesando todas nuestras opciones de cara al futuro», dijo a The Epoch Times en un correo electrónico Steven Walker, un abogado que representa a los demandantes.
Los demandantes podrían pedir a la Corte Suprema de Carolina del Norte que revise el caso.
La sociedad médica y el consejo de educación no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Vacunado sin permiso
Tanner Smith tenía 14 años en agosto de 2021. Asistía a la Escuela Secundaria Western Guilford, que forma parte de las Escuelas del Condado de Guilford, y jugaba al fútbol allí.
El distrito informó a la madre de Tanner, Emily Happel, y a su padrastro el 19 de agosto de 2021, que Tanner podría haber estado expuesto a un grupo de casos de COVID-19. El distrito comunicó que los funcionarios de salud locales estaban recomendando a los estudiantes que se hicieran la prueba, independientemente de su estado de vacunación. Los jugadores que se negaran a someterse a las pruebas no podrían volver a entrenar hasta que un médico les diera el visto bueno.
En la carta, el distrito señaló que al día siguiente se realizarían pruebas gratuitas en una de las escuelas del distrito. En el mismo lugar se iba a celebrar una clínica de vacunación gratuita, aunque esto no se indicó en la carta.
El padrastro de Tanner le llevó a la clínica, pero se quedó en el coche mientras el niño entraba. Según los demandantes, Tanner rellenó un formulario que creyó que era para una prueba. Un trabajador de la Old North State Medical Society intentó llamar a la Sra. Happel para obtener permiso para vacunar a Tanner, pero ella no contestó. Los trabajadores no intentaron ponerse en contacto con el padrastro de Tanner.
Un trabajador le dijo a otro que «se la diera de todos modos», según los archivos judiciales. Tanner dijo que no quería vacunarse y que había venido a hacerse una prueba, pero uno de los trabajadores le inyectó la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La inyección estaba disponible para los niños de 14 años bajo autorización de uso de emergencia en ese momento.
La Sra. Happel y Tanner demandaron en 2022, alegando agresión y violación de sus derechos constitucionales a nivel estatal y federal.
«No importa cuál sea su posición sobre las vacunas, todos deberíamos poder estar de acuerdo en que los niños no deben ser sometidos a procedimientos médicos sin el conocimiento y consentimiento de sus padres», dijo el Sr. Walker en ese momento.
La jueza de la Corte Superior de Carolina del Norte, Lora Cubbage, desestimó el caso al considerar que la clínica y el distrito estaban protegidos por la Ley PREP, a pesar de que en los folletos de la clínica de vacunación se indicaba que los alumnos debían obtener el consentimiento paterno para vacunarse.
La Ley PREP cubre a los vacunadores contra COVID-19 y a otros después de que, durante la administración del presidente Donald Trump, el secretario de salud emitiera una declaración sobre Ley PREP. Desde entonces, esa declaración se ha ampliado en múltiples ocasiones.
Apelación
En la apelación, los abogados de la Sra. Happel y Tanner argumentaron que la Ley PREP no se aplica porque sus reclamos «no son (reclamos) que se relacionan con COVID-19, sino que estos sucedieron en relación con COVID-19».
Las reclamaciones «no dependen de COVID-19 y la vacuna contra COVID-19 y su administración», dijeron los abogados. «Esas reclamaciones se producirían independientemente de la sustancia que se hubiera administrado a Tanner. No importa si fue una vacuna contra COVID-19, una vacuna contra la varicela, una Aspirina o una operación a corazón abierto».
«Llevando la interpretación de la corte de primera instancia de la Ley PREP a su conclusión lógica, si los demandados hubieran inyectado suero salino a Tanner, habrían sido responsables, pero como le inyectaron una vacuna no son responsables. Si una persona cubierta tuviera un descuido e inyectara solución salina en el corazón de una persona, no habría inmunidad, pero si la sustancia fuera una vacuna contra COVID-19, habría inmunidad», añadieron los demandantes. «Desde luego, esta no podía ser la intención del Congreso. La intención del Congreso, al leer la Ley en su conjunto, era limitar la responsabilidad por efectos adversos y promover el rápido desarrollo y despliegue de la contramedida, no dar carta blanca a los proveedores médicos para realizar procedimientos médicos sin consentimiento».
La corte de apelaciones, sin embargo, dijo que el argumento no era correcto.
«Nos inclinaríamos a estar de acuerdo, si la Ley PREP no definiera el alcance de la inmunidad de forma tan amplia», escribió la juez April Wood en el fallo unánime.
La juez se remitió a tres sentencias anteriores, incluida una demanda interpuesta después de que una mujer acudiera a un Walgreens para vacunarse contra la gripe, pero le administraran una vacuna contra COVID-19 sin su conocimiento.
La corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte respondió que en la Ley PREP, «el Congreso proporcionó claramente inmunidad bajo la ley federal y estatal con respecto a ‘todas las reclamaciones por pérdidas causadas por, derivadas de, relacionadas con, o resultantes de la administración a o el uso por un individuo de una contramedida cubierta'».
«Concluimos que estos casos son autoridades persuasivas instructivas que apoyan nuestra afirmación de que el amplio alcance de la inmunidad prevista por la Ley PREP se aplica a ambos Demandados en este caso. Aunque las reclamaciones de los demandantes podrían surgir independientemente del tipo de vacuna que se administró a Tanner sin el consentimiento de los padres, la Ley PREP proporciona inmunidad a los demandados porque los protege de «cualquier reclamación por pérdida que tenga una relación causal con la administración» de la vacuna contra COVID-19″, escribió el juez Wood.
La única excepción de la Ley PREP se da en casos de mala conducta intencionada y la Sra. Happel y Tanner no aportaron ningún argumento de tal mala conducta, dijo la corte de apelaciones. La ley define tal mala conducta como acciones tomadas «intencionadamente para lograr un propósito ilícito», sin justificación legal o de hecho, y «haciendo caso omiso de un riesgo conocido u obvio que es tan grande que hace altamente probable que el daño supere el beneficio».
James Lawrence, exconsejero general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., dijo en X que el caso «ilustra los problemas de asignación de riesgos relacionados con las órdenes de vacunación contra COVID-19» y muestra por qué los esfuerzos a nivel estatal son importantes, porque «bloquean las órdenes, dando a los estudiantes, trabajadores y padres el derecho a trazar su propio curso sobre la vacunación».
El fallo se produjo el mismo día en que el representante Chip Roy (R-Texas) presentó un proyecto de ley que despoja a los fabricantes de la vacuna COVID-19 de la protección de que gozan en virtud de la Ley PREP.
El Sr. Roy dijo que el proyecto de ley se estaba introduciendo «para empoderar a los estadounidenses para eliminar las protecciones de responsabilidad federal amiguistas para los fabricantes de vacunas COVID-19 y empoderar a los estadounidenses lesionados».
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