Una clínica de tratamiento para el dolor ubicada en el área de Tampa, en Florida, fue cerrada y los propietarios de esta y un médico condenados a pagar una multa de 600,000 dólares por distribución y prescripción ilegal de opiáceos, informó este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU.
En la denuncia presentada en 2021, Estados Unidos indicó que Tobias Bacaner, médico de la clínica del dolor Pargon Community Healthcare, en la localidad de New Port Richey, «emitió recetas de opioides sin un propósito médico legítimo».
Señala la denuncia que los propietarios de Paragon, Theodore Ferguson II y Timothy Ferguson, «se beneficiaron de la prescripción ilegal mientras ignoraban los signos evidentes de abuso y desviación de drogas» y alega además que Bacaner y los Ferguson usaron su farmacia de propiedad conjunta, Cobalt Pharmacy, para «surtir ilegalmente recetas emitidas en Paragon sin escrutinio».
La orden contra Bacaner le obliga a pagar 500,000 dólares de multa y «le prohíbe recetar, administrar, dispensar o distribuir sustancias controladas, entre otras restricciones».
Paragon fue obligada al cierre permanente y esta clínica y los Ferguson tendrán que pagar conjuntamente 100,000 dólares en concepto de multa.
El juez además impuso a los Ferguson «restricciones para poseer o trabajar en entidades que administren, dispensen o distribuyan sustancias controladas en el futuro».
Los demandados también acordaron disolver permanentemente Cobalt Pharmacy, que cerró poco antes de que el Gobierno presentara la demanda.
«Los médicos que receten opioides sin un propósito médico legítimo y fuera del curso habitual de la práctica profesional y otros que faciliten esa conducta serán responsables», dijo el fiscal general adjunto Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.
Boynton advirtió de que el Departamento de Justicia de EE.UU. «continuará utilizando de manera agresiva todos los recursos de ejecución disponibles para evitar el desvío ilegal de medicamentos recetados potencialmente peligrosos».
«Bacaner y sus asociados se beneficiaron de la prescripción ilegal de opioides sin un propósito médico legítimo», dijo, por su parte, el fiscal federal Roger B. Handberg, del Distrito Medio de Florida.
«Seguiremos protegiendo a la comunidad de aquellos que valoran más las ganancias que la seguridad del público», subrayó Handberg.
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