La junta disciplinaria del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia recomendó el viernes inhabilitar a Rudy Giuliani por su participación en esfuerzos legales «frívolos» para impugnar los resultados de las elecciones de 2020 en Pensilvania.

La decisión, por la que perdería su licencia para ejercer la abogacía en el Distrito de Columbia, supone otro golpe legal para el exalcalde de Nueva York y abogado del expresidente Donald Trump, que alegó fraude electoral tras los comicios de 2020.

En el informe y la recomendación de 63 páginas, que requerirá la aprobación de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en una próxima audiencia, la Junta de Responsabilidad Profesional del Colegio de Abogados de Columbia critica severamente las acciones del Sr. Giuliani en el informe, acusándolo de intentar privar del derecho de voto a cientos de miles de votantes de Pensilvania.

El panel encontró «evidencia clara y convincente» de que el Sr. Giuliani violó dos Reglas de Conducta Profesional de Pensilvania al hacer afirmaciones «infundadas» de fraude electoral en una demanda federal presentada en noviembre de 2020. La demanda afirmaba que las restricciones para los observadores de encuestas y las boletas por correo «ilegales» eran prueba de «fraude electoral a nivel nacional».

El informe reconoce que la inhabilitación «no se ha impuesto en otros casos de litigio frívolos». Sin embargo, afirma que los esfuerzos del Sr. Giuliani no se pueden comparar y que los «factores agravantes» involucrados aquí justifican una acción disciplinaria severa.

«[Giuliani] Instó a un juez federal a privar del derecho de voto a cientos de miles de votantes de Pensilvania a pesar de que no tenía pruebas objetivamente confiables de que existiera algún esquema de este tipo, o incluso de que se hubiera contabilizado boletas por correo ilegales», afirma el informe.

«Ningún caso disciplinario anterior que involucre litigios frívolos es remotamente comparable a este caso», continúa. «Concluimos que la inhabilitación es la única sanción que protegerá al público, a los tribunales y la integridad de la profesión legal, y disuadirá a otros abogados de lanzar reclamaciones igualmente infundadas en la búsqueda de un resarcimiento tan amplio pero completamente injustificado».

Las boletas por correo aumentaron de poco más de 266,000 en las elecciones de 2016 a más de 2.6 millones en las elecciones de 2020. Esto se debió a una ley estatal de 2019 y a la pandemia de COVID-19.

El Sr. Giuliani fue parte de una demanda alegando que siete condados de mayoría demócrata «violaron descaradamente» las leyes electorales y rellenaron las urnas con votos ilegales para el entonces candidato Joe Biden, un demócrata.

La junta criticó al Sr. Giuliani por buscar que un tribunal federal declarara «defectuosas» las elecciones presidenciales de 2020 en Pensilvania, lo que permitiría a la legislatura estatal seleccionar electores o, alternativamente, ordenar la certificación de los resultados de las elecciones.

La demanda se centró en dos tipos de papeletas supuestamente ilegales por correo: aquellas en las que se notificó a los votantes y se les permitió resarcir los defectos que evitarían que se contaran sus boletas, y las que fueron contabilizadas sin observación por observadores partidistas.

«El Comité de Audiencias concluyó que las afirmaciones de notificación y resarcimiento en sí mismas no eran frívolas porque alegaban que los diferentes condados trataban las boletas defectuosas de manera diferente (algunos permitieron que se curaran, y otros no),» afirma el informe.

«Sin embargo, el Comité de Audiencias concluyó que el demandado no tenía una mínima esperanza de éxito de que las afirmaciones de notificación y resarcimiento apoyarían la subsanación más extrema solicitada, que era la prohibición de la certificación de los resultados de las elecciones, porque no había suficientes boletas subsanadas para cambiar los resultados de las elecciones, incluso si todas las boletas subsanadas se consideraran boletas de Biden», continuó el informe.

Inhabilitación para «desalentar a los abogados»

Un portavoz del Sr. Giuliani, Ted Goodman, desestimó la recomendación por no ser sorprendente y políticamente motivada, alegando que fue orquestada por «demócratas partidistas» para disuadir a los abogados de representar a clientes como el expresidente Trump.

«Quitar la licencia de abogado del exalcalde pretende disuadir a los abogados de representar a clientes como el expresidente Donald Trump o a cualquier otra persona que esté dispuesta a enfrentarse al establishment político imperante», dijo el Sr. Goodman en una declaración a los medios de comunicación.

«Llamo a los miembros de base del Colegio de Abogados de Washington D.C. para que se manifiesten en contra de esta recomendación irresponsable y antiestadounidense, ya sea que esté de acuerdo con la política del alcalde o no», continuó.

La recomendación y el informe emitidos el viernes son el último paso antes de que la Corte de Apelaciones de D.C. escuche los argumentos antes de decidir si lo inhabilita.

El Sr. Giuliani se enfrenta a múltiples desafíos legales, incluidos los cargos de interferencia electoral en Arizona y su participación como un co-conspirador anónimo y no acusado en el caso federal relativo a la irrupción del Capitolio del 6 de enero de 2021.

El Sr. Giuliani ya no puede ejercer la abogacía en Nueva York, ya que su licencia fue suspendida por un tribunal estatal en 2021 debido a la misma demanda de Pensilvania. Además, una junta disciplinaria menor del Colegio de Abogados de Washington D.C. recomendó el año pasado que se le prohibiera ejercer la abogacía en Washington.

No es el primer abogado de Trump que se enfrenta a la posibilidad de ser inhabilitado. En marzo, un juez de California recomendó que el abogado John Eastman fuera inhabilitado por su asesoramiento al expresidente Trump en sus esfuerzos por desafiar la exactitud de los resultados de las elecciones de 2020. La recomendación está ahora pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema de California, y el Sr. Eastman planea apelar. También fue suspendido para ejercer la abogacía en el Distrito de Columbia.

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