La Fiscalía colombiana ordenó el embargo de tres inmuebles y dos vehículos que pertenecían a tres de los presuntos implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en la isla Barú de Cartagena de Indias en mayo de 2022.
Las propiedades, que están valoradas en unos 800 millones de pesos (195,500 dólares o 178,800 euros) y estaban ubicadas en Bogotá y Rionegro (aledaño a Medellín), estarían a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, procesados penalmente por este crimen, según la Fiscalía.
Durante el proceso penal se estableció que Chacón Zúñiga supuestamente participó junto a su pareja y cuñado en la planeación del asesinato, y dispuso de una camioneta para asistir a las reuniones en las que se concretó la acción criminal, alegó la Fiscalía hoy en un comunicado.
Las otras dos personas aceptaron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio y apuntado al lugar de la playa donde estaba el fiscal pasando su luna de miel con su esposa para que los sicarios pudieran llegar al punto exacto y atacarle.
Londoño Bedoya y Monsalve Londoño ya han sido condenados a 23 años y 6 meses de prisión, por su actuar.
Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, adonde viajó junto a su esposa, Claudia Aguilera, para su luna de miel.
Las autoridades colombianas han detenido en total a siete supuestos implicados en el asesinato del fiscal, un crimen con el que los investigadores creen que puede estar relacionado el Primer Comando de la Capital (PCC), banda nacida en las prisiones de Brasil y que hoy tiene tentáculos en casi toda la región. También ha habido capturas en Venezuela y El Salvador.
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