El Gobierno de Colombia manifestó este viernes su preocupación por el retiro de la nacionalidad a 94 nicaragüenses críticos del líder Daniel Ortega, al tiempo que valoró la excarcelación y deportación a EE.UU. de otros 222 ciudadanos porque considera que es «un paso importante para el diálogo nacional».
«El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023», señaló la Cancillería en un comunicado.
La información agregó que «estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte».
En los últimos ocho días, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el régimen del líder Ortega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero.
En una nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, anunciada el miércoles, figuran también los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el excomandante de la revolución Luis Carrión.
Según la resolución del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, estos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Abogar por el diálogo
Por otra parte, el Gobierno colombiano también hizo «un llamado generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense».
Por ello consideró que la excarcelación de los 222 presos políticos y «la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad» son pasos para «el diálogo nacional».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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