Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes «su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo», al que aún consideran presidente de Perú y que ven como «víctima de un antidemocrático hostigamiento».
En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo «objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.
Con ese llamado, además, piden a «quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio» y a las autoridades que «respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial».
El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso, en la que escribió que considera estar «secuestrado» y tachó de «usurpadora» a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.
Frente a esta situación, el exmandatario dijo en su carta de este lunes que es «incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional» que asegura ostentar «como presidente» y afirmó que no renunciará a sus «altas y sagradas funciones».
Posteriormente, criticó a Boluarte, elegida como vicepresidenta en la fórmula que encabezó él en las elecciones de 2021 y que juró el cargo de jefa de Estado tras su destitución. Especialmente, cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.
Colombia, Argentina y Bolivia se suman así a la defensa que México viene haciendo desde los sucesos y las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que había autorizado dar asilo a Castillo, a la vez que retrasó el reconocer a Boluarte como presidente.
Por su parte Colombia, que en un primer momento condenó «todo atentado contra la democracia, venga de donde venga» tras el pronunciamiento de Castillo, luego a través de su presidente Gustavo Petro llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que le expidiesen medidas cautelares a favor del «presidente» Castillo.
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