En octubre de 2022, la oficina del Secretario de Estado de Colorado reconoció que había enviado por correo más de 31,000 tarjetas de instrucciones para el registro de votantes a ciudadanos extranjeros residentes en el estado.
La información de registro se envió en los meses previos a las elecciones de mitad de periodo de 2022.
En un comunicado de prensa del 5 de enero de 2023, la Fundación Legal de Interés Público (PILF, por sus siglas en inglés), dijo: «La oficina del secretario de Estado culpó a un ‘error analítico de datos’ por los no ciudadanos en 58 condados que recibieron materiales de registro de votantes».
PILF, un grupo nacional de vigilancia de la integridad electoral, está investigando quién fue el responsable del envío y cómo se lleva a cabo el mantenimiento del padrón electoral estatal en Colorado.
La relación contractual de Colorado con el Centro de Información sobre el Registro Electoral (ERIC, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios de mantenimiento del padrón electoral a 32 estados, debe ser examinada, según los investigadores (pdf).
En el comunicado de prensa, PILF alegó que «ERIC desempeñó un papel importante en este error».
Según los términos del contrato, ERIC requiere que el secretario de Estado envíe periódicamente por correo información sobre el registro de votantes a todas las personas elegibles pero no registradas.
A cambio de una cuota de afiliación única de 25,000 dólares y de cuotas anuales, el ERIC está obligado a proporcionar a la secretaría de estado datos que indiquen personas fallecidas o personas que se hayan trasladado fuera del estado o que se hayan trasladado dentro del estado pero sigan figurando en el censo electoral.
Por contrato, al menos cada 60 días, Colorado proporciona a ERIC los registros de licencias de conducir y de vehículos de motor del estado.
A partir de esta información, junto con el registro de defunciones de la Seguridad Social y otras fuentes, ERIC elabora un informe y lo envía al secretario de Estado.
En el momento en que salió a la luz el error de Colorado, los funcionarios de la oficina del secretario de Estado dijeron que la lista de los 31,000 beneficiarios se creó comparando el censo electoral de todo el estado y la lista de conductores con licencia del estado.
En el informe del 5 de enero, la PILF afirmaba: «Esa misma comparación es un ingrediente fundamental de la afiliación al ERIC.
«Su objetivo es encontrar a los ciudadanos con derecho a voto que no están registrados para votar y animarles a que se registren para votar».
El estudio de PILF descubrió que 28,073 ciudadanos extranjeros de los nueve condados más poblados de Colorado recibieron por correo información sobre el registro de votantes, encabezados por los condados de Arapahoe, Denver y Adams.
Control de daños
Para hacer frente a la situación, la oficina del Secretario de Estado de Colorado envió un segundo correo a los no ciudadanos informándoles de que el primer correo se había enviado por error y aclaró los requisitos de elegibilidad de los votantes.
La SOS también instaló un bloqueo electrónico para impedir que un extranjero se registrara para votar online.
Se autorizaron comparaciones diarias entre los 31,093 no ciudadanos, la lista de votantes elegibles pero no registrados, el padrón electoral del estado y el censo fiscal del Departamento de Hacienda del estado, un documento que contiene un marcador de ciudadanía.
Según PILF, en el condado de Moffat (en el que 54 extranjeros recibieron tarjetas de información para el registro de votantes), el estado prohibió a los funcionarios electorales locales saber quiénes eran, citando «posibles problemas legales» no especificados como motivo de la denegación.
«Cuando la secretaria de Estado de Colorado no reveló a los funcionarios del condado los nombres de los extranjeros a los que se ofrecía material de registro de votantes… impidió que el público y las fuerzas policiales pudieran determinar si, efectivamente, los extranjeros se habían registrado para votar», decía el informe de la PILF.
El informe señalaba otra consecuencia jurídica muy diferente causada por las acciones del Estado.
La posibilidad de que un extranjero se convierta algún día en ciudadano naturalizado de EE. UU. podría verse comprometida si se descubre que, aunque solo sea por un breve periodo de tiempo, se ha registrado ilegalmente para votar.
La PILF se refirió a los casos que ha documentado en todo el país de no ciudadanos ingenuos e inconscientes que han sido deportados debido a un fallo burocrático por el que se registraron ilegalmente para votar.
Batalla por la transparencia
La PILF lleva un año enzarzada en una batalla legal con Griswold para obligarla a hacer públicos los registros relativos al mantenimiento del censo electoral.
Los investigadores de la PILF solicitaron inspeccionar y copiar las listas que proporciona el ERIC. También solicitaron ver el plan de Griswold en el que se describen las medidas que su oficina está tomando para corregir las irregularidades en el censo que se señalan a su atención.
Cuando el ERIC facilite sus conclusiones, Colorado dispondrá de 90 días para ponerse en contacto con al menos el 95 por ciento de los votantes cuyos datos indiquen una posible inexactitud.
En un plazo de 10 días a partir de la expiración de los 90 días, la secretaria de Estado debe proporcionar al ERIC una certificación por escrito de que ha cumplido el requisito.
Según los documentos judiciales, la PILF hizo su primera solicitud de datos al ERIC sobre inscritos fallecidos y reubicados en junio de 2021.
La oficina de Griswold no respondió.
Después de una segunda solicitud, Griswold se negó rotundamente a proporcionar la información, citando la Ley Federal de Protección de la Privacidad del Conductor (DPPA) de 1994.
La DPPA prohíbe la divulgación o el uso de la información personal de un automovilista por parte de cualquier departamento estatal de vehículos de motor u otro empleado o contratista estatal sin el permiso del conductor.
Hay varias excepciones a la protección de la privacidad de la DPPA.
Por ejemplo, los datos pueden ser compartidos para fines de funciones legítimas de la agencia gubernamental; o si la información personal va a ser utilizada para la investigación de vehículos de motor sin fines de lucro.
Griswold también rechazó la petición de la PILF de examinar los datos del Archivo Maestro de Defunciones de Acceso Limitado de la Seguridad Social. Dijo que los estatutos estatales le prohibían hacer públicos esos datos.
Griswold dejó claro en una carta a la PILF que su oficina no denegaba las solicitudes de la fundación basándose en ninguna cláusula del acuerdo de afiliación de Colorado con ERIC, algo que se ha utilizado en otros estados como justificación para denegar las solicitudes de información pública de los ciudadanos.
El 20 de agosto de 2021, la PILF notificó formalmente a Griswold que estaba infringiendo la ley federal por no permitir la inspección pública de la lista estatal de votantes de Colorado, tal y como exige la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés).
La NVRA, también conocida como «Ley del votante motorizado», entró en vigor en enero de 1995. Requiere que todos los estados permitan a las personas cualificadas registrarse para votar cuando renueven sus permisos de conducir o soliciten servicios sociales.
La PILF dio a Griswold 90 días para «subsanar la infracción» o enfrentarse a una demanda judicial.
La oficina del Secretario de Estado de Colorado volvió a denegar la solicitud de PILF a finales de noviembre de 2021.
El 16 de diciembre de 2021, PILF presentó una demanda contra Griswold ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado.
El caso sigue pendiente.
La demanda, de 14 páginas, sostiene que los registros solicitados entran en el ámbito de aplicación de la disposición de divulgación pública de la NVRA.
La NVRA también exige a las autoridades electorales estatales que conserven todos los registros de mantenimiento de las listas de votantes durante un mínimo de dos años.
La demanda aporta documentación según la cual Griswold admitió conservar copias de la lista de votantes fallecidos que recibe de ERIC durante «solo unos meses».
El demandante ha pedido al tribunal que declare que Griswold ha violado la NVRA, que le ordene proporcionar a la PILF los registros solicitados y que le prohíba denegar solicitudes similares en el futuro.
El presidente de PILF, J. Christian Adams, dijo en un comunicado: «El público debe poder ver todos los registros para que podamos exigir rendición de cuentas a los funcionarios electorales».
La oficina del Secretario de Estado de Colorado y ERIC no respondieron a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación de este artículo.
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