El juicio contra el líder radical mapuche Héctor Llaitul, en prisión preventiva desde agosto de 2022 y acusado por la Fiscalía de los delitos de incitación y apología a la violencia, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación, comenzó este martes en la ciudad sureña de Temuco, en la región de La Araucanía, a más de 700 kilómetros de la capital.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante de la causa, piden 25 años de cárcel para Llaitul, que hoy tiene 56 y lidera la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país.
Su detención y posterior encarcelamiento se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera (2018-2022), tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año, durante la lectura de la sentencia contra otro militante de la CAM.
«Hacemos un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales”, advirtió Llaitul. “La respuesta se viene (…) todos los procesos de reivindicación territorial políticos se van a activar de manera contundente de aquí para adelante”, agregó.
Según la prensa local, luego de esas palabras se registraron 54 hechos de violencia en la zona, en base a los registros de la Fiscalía.
El Ministerio Público también considera constitutivas de delito, entre otras, unas palabras publicadas en el medio Werken Noticias en julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la administración de Gabriel Boric.
“La lucha mapuche no es algo que no tenga contenido. Tiene mucho fundamento: histórico, político, ideológico, cultural, espiritual. Por lo tanto, se nos mandató a decir que la resistencia se mantendrá. Y la resistencia tal cual es una resistencia armada”, sostuvo entonces el líder mapuche.
Tras esos dichos, el Ejecutivo decidió ampliar la querella acusándolo de hechos cometidos entre 2020 y 2022.
En el sur de Chile existe desde hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, una disputa territorial entre comunidades radicales de ese pueblo indígena, el Estado y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
Boric, que durante su campaña prometió la desmilitarización de la zona implementada por Piñera, su predecesor, decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el ejército desplegado en la región.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la iniciativa.
Según el Gobierno, desde la aplicación de esta polémica medida, han disminuido los delitos de violencia rural en la zona tanto gracias al estado de emergencia como por nuevas leyes en materia de seguridad, como la de usurpaciones.
El hijo de Llaitul, Ernesto, fue condenado el pasado noviembre a 15 años y cuatro meses de cárcel tras un ataque incendiario ocurrido en septiembre de 2021 en la sureña localidad de Los Ángeles, en la región del Bío Bío , también zona de conflicto. Sin embargo, el mes pasado, la Corte de Apelaciones anuló las condenas y ordenó repetir el juicio.
Según medios locales, el juicio oral a su padre que empezó la mañana de hoy podría extenderse por casi un mes.
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