La decisión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos comenzó este martes con la audiencia en la que un juzgado de Bogotá escuchará a la Fiscalía, a la Procuraduría y a las víctimas, entre otros, para definir si precluye o no el proceso.
El fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió el pasado 5 de marzo no investigar al líder del partido gobernante Centro Democrático al considerar que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe».
El fiscal consideró que, tras valorar integralmente los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante la investigación, las conductas con las que se le vinculó a Uribe «no tienen la característica de delito».
En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, Uribe tenía fuero y por lo tanto era investigado por la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado ordenó su detención domiciliaria, en la cual estuvo 67 días.
Sin embargo, el expresidente renunció a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.
Con la renuncia el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tiene más garantías.
El senador Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo a Efe que desplegará, junto con sus abogados, una sólida argumentación para demostrar que «no hay ninguna razón jurídicamente válida para solicitar una preclusión del proceso».
Adelantó, igualmente, que insistirán en que se debe llamar a juicio al expresidente Uribe porque hay un «acervo probatorio inmenso que tiene toda clase de evidencias, indicios y pruebas de carácter testimonial que no se pueden desconocer» porque fueron dadas por la Corte Suprema de Justicia.
La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, también escuchará en la audiencia al abogado Jaime Granados, que encabeza la defensa de Uribe, lo mismo que el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, estos dos últimos en calidad de víctimas.
También se espera que en la audiencia el abogado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Miguel del Río, exponga sus puntos de vista.
Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, fue a quien supuestamente el abogado Diego Cadena, que hacía parte del equipo de Uribe, le ofreció ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo contra el expresidente.
Lo que sigue
Juristas coinciden en que en la audiencia de este martes no se tomará ninguna decisión porque las partes expondrán en detalle sus argumentos y «eso lleva tiempo». Incluso, se habla de más de una audiencia.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, explicó a periodistas que la petición de preclusión que hace la Fiscalía no obliga a la juez, quien puede aceptarla o negarla.
Si la jueza acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasa al Tribunal Superior de Bogotá.
Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.
Igualmente, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
Pero ahí no termina el asunto porque la hipotética decisión que adopte el Tribunal Superior de Bogotá tiene recursos y el caso podría llegar en casación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien sí tendría la última palabra. Para eso pueden pasar años.
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