La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 «es un caso abominable» y emblemático de la descomposición institucional y social en México, dijo hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al presentar un exhaustivo informe del caso.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Ayotzinapa representa «el momento crítico» que el país vive en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, dijo el titular de la Comisión, Raúl González Pérez.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía de Iguala y entregados al crimen organizado, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula, según la versión oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al presentar un informe y una recomendación sobre el caso, González dijo que «la verdad no puede sujetarse a intereses o coyunturas políticas», por lo que la CNDH se acercó al caso con una investigación exhaustiva, tecnológica y científica.
«La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más», dijo sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala.
Denunció que las omisiones y la indolencia de las autoridades de impartición de justicia contaminó y provocó que se perdieran pruebas, que no se agotaran todas las líneas de investigación y que hubiera acusaciones de sospechosos mal formuladas, lo que ha hecho que no puedan ser juzgados y que subsista la impunidad.
González dijo que el «desaseo y poco profesionalismo» en las investigaciones, particularmente la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), hizo que se subestimara el hallazgo de más de un centenar de fragmentos de hueso y odontológicos, que con pruebas de ADN pudieron dar pistas del destino de los estudiantes.
Estos fragmentos serían suficientes para concluir que cuando menos los cuerpos de 19 personas fueron incinerados en el basurero, por lo que el ADN determinaría si son o no de los desaparecidos de Ayotzinapa ya que «era una práctica frecuente» del crimen organizado quemar cadáveres en esa zona, subrayó.
La CNDH detalló que no se investigó la actitud omisa de autoridades de diversos niveles ante lo que ocurría esa noche en Iguala, que se no diera parte inmediata a la PGR y que se permitiera que solo funcionaran 4 de las 25 cámaras de vídeo del Centro de Seguridad estatal en esa ciudad.
«La verdad también ha sido una de las víctimas en el caso Iguala» apuntó al acusar a las autoridades de dar información sesgada, parcial o nula, con lo que desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública.
Como ejemplo del sesgo que se le dio a los hechos, la CNDH destacó que el Gobierno mexicano haya dado por sentado que los 43 estudiantes habían sido asesinados.
«México es un país en el que, con frecuencia, la verdad se niega o esconde», denunció González.
La CNDH detectó que antes de la noche de Iguala existía una vinculación clara de autoridades municipales y estatales con el crimen organizado.
Señaló que durante su investigación autoridades diversas negaron información o la entregaron incompleta a la Comisión y se negaron a realizar diligencias, lo que ha hecho que en estos cuatro años las víctimas reclamen al Estado cumplir su obligación de investigar los delitos y hacer justicia.
«Este caso es el más ominoso y complejo en la historia de la CNDH», dijo su titular, al destacar que la desaparición de los 43 estudiantes «social y políticamente marcó un antes y un después» en el país.
Un crimen como el ocurrido esa noche «solo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras del gobierno», dijo, y añadió que se debe garantizar que algo así nunca vuelva a ocurrir.
La CNDH afirmó que «corresponderá a las nuevas autoridades enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual esta recomendación constituye un punto de partida y una guía de lo que falta por hacer».
La recomendación sintetiza «las más de un millón de hojas y 1.255 tomos que comprende la investigación, la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto», apuntó.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, declaró que la administración saliente perfila aceptar la recomendación de la CNDH, y que de ello dará constancia a más tardar el próximo viernes, último día de gestión de Peña Nieto, quien será sucedido el sábado por Andrés Manuel López Obrador. «No pasará de mañana o pasado mañana sin que lo podamos decir», dijo Navarrete a la prensa.
«De antemano lo señalo, las recomendaciones de la CNDH se deben de aceptar, se deben de cumplir y se deben de profundizar», añadió.
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