El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes ha anunciado este jueves que va a iniciar una investigación para determinar si el exasesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, utilizó indebidamente su posición para conseguir una inversión del gobierno saudí para su empresa de capital privado.
La representante Carolyn B. Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, anunció en un comunicado la investigación sobre el yerno del expresidente Donald Trump.
En una carta dirigida a Kushner, la legisladora solicitó documentos sobre la importante inversión en su firma, A Fin Management, LLC (Affinity) del Fondo de Inversión Pública Saudí (FPI), que controla el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Kushner constituyó Affinity en Delaware en enero de 2021, el día después de que Trump dejara la Casa Blanca. Consiguió la inversión saudí de 2000 millones de dólares seis meses después, según el panel de la Cámara.
«PIF está dirigido por el príncipe heredero, con quien el Sr. Kushner desarrolló una relación muy estrecha mientras era un asesor principal del expresidente Trump», dijeron los legisladores.
«Las presentaciones públicas de Affinity indican que la inversión de PIF generará 25 millones de dólares en honorarios anuales de administración de activos para Affinity, además de una parte de cualquier ganancia obtenida, lo que representa una ganancia sustancial para el Sr. Kushner, el único propietario de Affinity.»
En su carta a Kushner, Maloney dijo que el comité está investigando si Kushner «negoció indebidamente» con su posición en el gobierno para «obtener miles de millones de dólares del gobierno saudí» y si sus intereses financieros personales «influyeron indebidamente en la política exterior de Estados Unidos» durante la Administración de Trump.
«Esta investigación aportará información al comité sobre si las leyes federales de ética deben ser reforzadas para evitar que los altos funcionarios públicos se aprovechen de su posición dentro del gobierno federal para cosechar una ganancia financiera, antes, durante o después de su empleo en el gobierno», escribió la presidenta Maloney.
El comité también ha solicitado que Kushner proporcione al panel documentos, incluyendo comunicaciones y registros personales, relacionados con la inversión antes del 16 de junio de 2022.
«Su apoyo a los intereses saudíes fue inquebrantable, incluso cuando el Congreso y el resto del mundo examinaron de cerca los abusos de los derechos humanos del país en Yemen, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por asesinos saudíes vinculados al príncipe heredero Mohammed bin Salman, y la represión de Arabia Saudí contra los disidentes políticos en el país», escribió Maloney.
Maloney añadió que el comité está «preocupado» por la inversión que se produjo «inmediatamente después de su importante participación en la configuración de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia».
«Su estrecha relación con el príncipe heredero bin Salman, sus posturas prosaudíes durante la Administración Trump, y la decisión de PIF de financiar la mayor parte de su nueva aventura empresarial —solo seis meses después del final de su periodo en la Casa Blanca— dan la impresión de un quid pro quo por su trabajo en política exterior durante la Administración Trump», escribió la presidenta del comité.
El comité publicó en 2019 dos informes sobre los esfuerzos de Kushner para asegurar un proyecto para compartir tecnología de energía nuclear con Arabia Saudita, a pesar de las preocupaciones de los altos líderes de seguridad nacional de Estados Unidos.
Si tuviera éxito, ese proyecto habría «beneficiado a una firma de gestión de activos, Brookfield Asset Management, que posteriormente rescató una propiedad en problemas de la empresa inmobiliaria de la familia del señor Kushner, Kushner Companies», según el comité.
Arabia Saudí ha sido objeto de críticas por una serie de abusos contra los derechos humanos y por sus leyes restrictivas de la expresión política y religiosa. En marzo, el reino ejecutó a 81 hombres que fueron «encontrados culpables de cometer múltiples crímenes atroces», en un solo día.
En 2021, Arabia Saudí ejecutó a 67 personas, mientras que en 2020 ejecutó a 27.
Arabia niega las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y dice que protege su seguridad nacional a través de sus leyes.
Un portavoz de Kushner dijo en una declaración a The New York Times que Kushner: «Mientras lograba seis acuerdos de paz en Oriente Medio, el Sr. Kushner cumplió plenamente con todas las directrices legales y éticas tanto durante como después de su servicio gubernamental».
El portavoz agregó que el exasesor principal de la Casa Blanca está «orgulloso de estar entre muchos actores del sector privado que promueven la conectividad entre estadounidenses, israelíes y árabes para fomentar el progreso regional continuo».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Jared Kushner y con el Fondo de Inversión Pública Saudí para obtener comentarios.
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