El Gobierno de Luis Arce dispuso que desde este viernes comience a trabajar la comisión técnica que planteará la fecha «definitiva» para el censo de población, pese a la huelga ciudadana en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, que exige esa consulta nacional se realice en 2023.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el portavoz presidencial, Jorge Richter, comparecieron este miércoles en la noche ante los medios en Santa Cruz para hacer el anuncio, con el que se dio por concluidas las gestiones para dialogar con los líderes cruceños sobre el conflicto por el censo.
«Lamentablemente no hemos encontrado esa plena voluntad para instalar el diálogo y encontrar una solución a este conflicto que tiene Santa Cruz», indicó Cusicanqui, tras hacer un recuento de los intentos de diálogo con el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.
Ante esto, el Ejecutivo nacional, «con el afán de avanzar con el proceso censal, avanzar hacia el logro de la tranquilidad y de la certidumbre al pueblo boliviano y a las familias cruceñas principalmente, va a instalar el viernes la comisión técnica que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día del empadronamiento», agregó.
Según el ministro, la comisión técnica tendrá la «presencia» de representantes de organismos internacionales y su instalación responde a un «mandato» emergente del llamado «Encuentro plurinacional por un censo con consenso» efectuado la semana pasada en la ciudad central de Cochabamba con más de 300 autoridades subnacionales.
Cusicanqui insistió en que la definición de la fecha de la consulta será técnica y prometió precautelar «la calidad de todo el proceso censal» para que los datos que se obtengan no dejen lugar a críticas ni dudas.
«Creemos que con la instalación de esta comisión técnica el viernes, no existen motivos para mantener las medidas de presión que se tienen en Santa Cruz y es momento de dar tranquilidad al pueblo cruceño y al pueblo boliviano», añadió.
Por su parte, Richter reveló que en la víspera hubo un encuentro con el vocero del Comité Interinstitucional y rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, y con el primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach.
Según Richter, hubo una especie de «preacuerdo» al haber coincidido en aspectos como la preocupación mutua por la «escalada de violencia» en el conflicto, que tiene enfrentados a los sectores en huelga y los grupos afines al oficialismo que buscan romperla con un cerco que ha aislado y dejado sin alimentos y combustible a la región.
También hubo compromisos para que el diálogo se desarrolle y la tensión baje, con la idea de volver a conversar durante esta jornada, lo que finalmente no sucedió pese a la insistencia del Gobierno, aseguró el portavoz presidencial.
Richter lamentó que en la víspera se hablara de un «diálogo sin condicionamientos» y que este miércoles se diera un «cambio radical» desde la dirigencia cruceña para poner condiciones como que en las negociaciones haya observadores internacionales y se anule el decreto presidencial que fijó el censo para 2024.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a dentro de dos años argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
Esa región, motor económico de Bolivia, exige que el censo poblacional se realice en 2023 con la aplicación de sus resultados en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
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