En la madrugada del 26 de abril, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó el plan republicano sobre el techo de la deuda y el gasto, siguiendo las líneas partidistas, despejando el camino para una rápida votación a favor o en contra en el pleno de la Cámara.
Tras un debate de seis horas sobre la H.R. 2811, la Ley del Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023, el comité entró en receso durante varias horas mientras los republicanos celebraban una sesión de estrategia. Al volver a reunirse, la mayoría republicana introdujo un cambio en el reglamento para adjuntar una enmienda que elimina del proyecto de ley la derogación de los créditos fiscales al etanol. Los republicanos también se movilizaron para acelerar la aplicación de los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de SNAP y Medicaid.
Los republicanos rechazaron todas las enmiendas presentadas por los demócratas, incluida una para eliminar los requisitos de trabajo ampliados para los beneficiarios del SNAP y otras para eliminar los recortes al programa de alimentos Meals on Wheels, el Programa Estatal de Respuesta a los Opioides, el Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio de Salud Indígena.
Los demócratas, que durante el debate habían denunciado recortes de gastos en varios programas de ayuda exigidos por el proyecto de ley, expresaron su indignación por las tácticas republicanas.
«Hemos oído durante todo el día que los demócratas son el problema. Y sin embargo, estamos aquí casi a las 2 de la madrugada, no porque los republicanos negociaran con los demócratas, sino porque los republicanos negociaban consigo mismos», dijo el diputado demócrata, Jim McGovern.
«Tal vez si este proyecto de ley hubiera tenido una audiencia, tal vez si hubiera tenido una revisión, tal vez si no se hubiera modificado a mitad de la noche, a pesar de que los líderes republicanos juraron que no se cambiaría en absoluto, tal vez no estaríamos en esta posición», indicó McGovern. «Esta no es la forma de legislar».
Forzando la negociación
Aunque los expertos afirman que el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado por el Senado, los republicanos esperan que su aprobación por la Cámara obligue al presidente Joe Biden a negociar sobre el gasto federal, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.
Si el proyecto se adopta, elevaría en USD 1.5 billones de dólares el techo de la deuda del país, que asciende a USD 31.4 billones, aliviando temporalmente la ansiedad ante la perspectiva de un impago de las obligaciones financieras de la nación. El aumento expiraría el 31 de marzo de 2024, lo que requeriría otra votación en menos de 12 meses.
El proyecto de ley también reduciría el gasto discrecional al nivel de 2022, limitaría el gasto futuro, restablecería los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de SNAP y Medicaid, rescindiría los recortes fiscales a la energía verde y reduciría los obstáculos burocráticos a la producción de energía nacional.
Responsabilidad fiscal
Los republicanos presentaron las medidas como una respuesta de sentido común a una crisis financiera provocada por el gasto excesivo de los demócratas.
«Gastar, gastar y más gastar ha sido el lema de la presidencia de Biden. Nosotros nos estamos enfrentando a las ramificaciones de este gasto desenfrenado», dijo el presidente Tom Cole (R-Okla.).
«Si seguimos despilfarrando el dinero como hasta ahora, lo único que dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos es una montaña de deudas, una economía quebrada y una moneda nacional destruida».
El representante Jodey Arrington (R-Texas), presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, describió la salud fiscal de la nación en términos igualmente gráficos.
«Nadie puede mirar nuestro balance, nadie puede mirar las perspectivas presupuestarias de la CBO (Oficina de Administración y Presupuesto del Congreso), y no estremecerse ante el rápido deterioro de la salud fiscal de nuestra nación. Como presidente del Comité de Presupuestos, no puedo enfatizar lo suficiente ante el pueblo estadounidense en el lío financiero en el que nos encontramos», declaró Arrington.
El país pagará más por los intereses de la deuda nacional que por la defensa nacional dentro de siete años, posiblemente ya en 2025, dependiendo de las tasas de interés, según Arrington.
«El pueblo estadounidense pide al Congreso y a la Casa Blanca que aborden esta locura fiscal y encuentren la manera de llegar a un punto común», declaró el representante Jason Smith (R-Mo.), presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
Un análisis de la Oficina de Administración y Presupuesto del Congreso (CBO), organismo no partidista, muestra que el plan republicano reduciría el déficit del presupuesto federal en USD 4.8 billones a lo largo de 10 años si se promulgara.
Recortes injustos
Los demócratas respondieron diciendo que el gasto deficitario se ha reducido con Biden y que el plan republicano era un intento de equilibrar el presupuesto a costa de los pobres y proteger a los ricos de pagar los impuestos que les corresponden.
«Algunas de las cosas que hay aquí, francamente, son simplemente mezquinas», dijo McGovern en alusión a los recortes en los servicios gubernamentales que probablemente exigiría el proyecto de ley.
«Los republicanos nos dicen que no necesitan pagar recortes fiscales para los multimillonarios. Pero cuando se trata de programas que ayudan a la gente normal, tenemos que recortar, recortar y recortar», agregó McGovern.
Aunque el proyecto de ley no enumera recortes programáticos específicos, los demócratas afirman que requeriría una reducción del 22% en todo el gasto discrecional no relacionado con la defensa, incluidos muchos programas populares.
«El proyecto de ley que tenemos ante nosotros quita la comida de los platos de la gente, les dice que ya no pueden ir a la escuela, les niega la asistencia sanitaria y les quita sus casas», declaró la diputada Rosa DeLauro (D-Conn.), miembro de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
«Expulsaría a 300,000 niños de las guarderías y de Head Start. Reduciría drásticamente los servicios de nutrición para más de un millón de ancianos, y aumentaría los costos de calefacción y refrigeración para unos 5 millones de hogares, encarecería la universidad al quitar a 80,000 personas la oportunidad de ir a la universidad y reducir la beca máxima en casi 1000 dólares para los 6.6 millones de estudiantes que reciben becas Pell», dijo DeLauro.
Arrington tachó tales predicciones de «retórica previsible».
«Hay mucho despilfarro, hay mucho woke y hay mucha sobrecarga en este Gobierno», dijo Arrington. «No tenemos por qué impedir o interrumpir ninguna financiación para la gente que ustedes están enumerando».
Arrington enumeró las disposiciones de ahorro del plan. Entre ellas, la eliminación del plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden por valor de USD 500,000 millones, la recuperación de los fondos de alivio COVID-19 no gastados por valor de USD 60,000 millones, la rescisión de USD 70,000 millones en financiación para 87,000 empleados adicionales del IRS, la derogación de los créditos fiscales a la energía verde por valor de unos USD 1.2 billones de dólares y el restablecimiento de los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de SNAP y Medicaid.
«La CBO dijo que en 20 años gastaríamos USD 330,000 millones menos de lo que gastamos hoy», señaló Arrington.
En busca de votos
Mientras el Comité de Reglas debatía el proyecto de ley, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy (R-California), y su equipo de liderazgo se reunieron con los republicanos que se resistían.
Aunque el presidente se negó a decir si tenía los votos necesarios para su aprobación, el representante Kevin Hern (R-Okla.), presidente del Comité de Estudio Republicano, uno de los grupos más conservadores del Partido Republicano, dijo que pensaba que el proyecto de ley sería aprobado.
«El presidente McCarthy mantendrá reuniones hasta el último minuto y hará lo necesario para que se apruebe», declaró Hern a Reuters. «Sin duda sabe cómo negociar con los miembros, como todo presidente de la cámara».
Sin embargo, con una mayoría de solo 222 escaños frente a los 213 de los demócratas, McCarthy puede permitirse perder pocos votos de su propio partido.
Eso podría explicar la enmienda introducida a última hora de la noche para preservar el crédito fiscal al etanol, mientras que la derogación de otros créditos fiscales a la energía verde permanecen en el proyecto de ley.
Según los informes, al menos 10 republicanos se inclinaban en contra del proyecto de ley porque elimina los créditos fiscales al etanol. Los créditos son una bendición para los agricultores del Cinturón del Maíz, que incluye bastiones republicanos como Indiana, Iowa, Nebraska y Kansas.
Otros republicanos creen que los recortes propuestos no son suficientes.
Votarían No al proyecto de ley en su forma actual. El representante Andy Biggs (R-Ariz.) quiere ver una acción más agresiva para recortar el gasto incluso por debajo del nivel de 2022, que es lo que estipula el proyecto de ley.
«Con el gasto adicional que quiere Biden, tendríamos una deuda nacional de USD 52 billones en 10 años. El plan republicano nos dará una deuda nacional de 47.5 a 48 billones de dólares. El problema es la velocidad a la que nos precipitamos por el precipicio», declaró Biggs a NTD, medio de comunicación asociado a The Epoch Times. «Hay que reducir el gasto».
Biggs indicó que se inclina por votar en contra del proyecto de ley.
«En este momento, estoy por el No», declaró en una entrevista la representante Nancy Mace (R-S.C.). «Solo estamos poniendo a nuestros hijos y nietos en una situación económica más grave al no abordar los problemas de gasto que tenemos hoy».
Mace también dijo que le preocupa la derogación de los créditos fiscales a la energía verde, que podría afectar a la industria solar en su estado.
Una prueba del liderazgo de McCarthy
En opinión de algunos expertos, la Ley de Limitación, Ahorro y Crecimiento se perfila como una prueba del liderazgo de McCarthy como presidente de la Cámara.
La última negociación prolongada sobre el techo de la deuda, en 2011, se saldó con una rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos, que sacudió los mercados financieros y elevó las tasas de interés.
La fecha X, es decir, la fecha en la que el Gobierno incurrirá en impago si no se eleva el techo de la deuda, es actualmente desconocida. La Oficina de Administración y Presupuesto del Congreso estimó anteriormente que la fecha llegaría en algún momento a finales del verano.
Sin embargo, la congresista demócrata, Gwen Moore, informó a la comisión de que los ingresos fiscales en lo que va de año están por debajo de las expectativas. Eso podría acercar la fecha X más de lo previsto en un principio.
«El escenario de mayor riesgo es: no tienen los votos esta semana, la fecha límite es antes del 15 de junio y ahora realmente estamos mirando a un mes para hacer las cosas. Ese es el escenario que introduce la mayor cantidad de riesgo en la ecuación», dijo Rohit Kumar, codirector de la oficina fiscal nacional de PwC en Washington.
«Si fracasan, si no pueden aprobar algo, entonces claramente envalentona la perspectiva de la administración Biden de no negociar, envíandonos un aumento limpio del techo de deuda».
Con nformación de Reuters y The Associated Press reportaje.
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