SACRAMENTO—Un proyecto de ley para prohibir el procesamiento penal en la muerte sospechosa de un bebé no nacido o recién nacido fue aprobado por un comité de la asamblea estatal el 5 de abril.
Buffy Wicks (D-Oakland) introdujo el proyecto de ley de la Asamblea (AB) 2223 para evitar que las mujeres embarazadas sean procesadas por la interrupción de un embarazo o la pérdida de su bebé, dijo durante una reunión del comité de la Asamblea Judicial el 5 de abril.
«El AB 2223 pretende proteger contra la criminalización de los resultados del embarazo, y las personas no deben ser objeto de enjuiciamiento por cualquier situación trágica que pueda ocurrir durante el embarazo», dijo Wicks.
El proyecto de ley prohibiría responsabilizar a una persona —la madre o un proveedor de atención médica— por «el aborto espontáneo, el mortinato o el aborto, o la muerte perinatal» de un bebé sobre la base de «sus acciones u omisiones» relacionadas con el embarazo, según el sitio web de información legislativa del estado.
Aunque el proyecto de ley no ofrece una definición precisa de «perinatal», suele referirse al periodo de tiempo comprendido entre las 22 semanas de embarazo y los siete días posteriores al nacimiento, según el análisis del proyecto de ley realizado por el comité.
La ley actual exige que el forense del condado investigue la muerte de un bebé no nacido o recién nacido —después de las 20 semanas de embarazo— que sea consecuencia de un «presunto aborto autoinducido o criminal», según el proyecto de ley. Salvo en el caso de los abortos legales, el forense tiene que registrar las condiciones y las causas de esa muerte en un certificado de defunción, que puede utilizarse para establecer o apoyar un proceso penal.
Con esta propuesta de ley, el forense ya no estaría obligado a investigar esas muertes, y estaría prohibido utilizar la declaración del forense en un certificado de defunción para el enjuiciamiento en esos casos.
Samantha Lee, abogada de Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas, se pronunció a favor del proyecto de ley de Wick mientras contaba la historia de una de sus clientas que estuvo en la cárcel durante más de un año, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, después de experimentar una pérdida en el embarazo.
La clienta de Lee, Chelsea Becker, se enfrentaba a cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de su bebé, que nació muerto, mientras era adicta a la metanfetamina.
Al ser arrestada, Becker perdió la custodia de su hijo, que posteriormente fue adoptado tras la retirada de sus cargos penales en mayo de 2021, explicó Lee mientras leía la declaración escrita de Becker, instando a los legisladores a votar a favor del proyecto de ley propuesto.
«Si el hospital nunca hubiera involucrado a la policía debido al nacimiento de este bebé, todavía tendría la custodia de mi hijo», leyó Lee de la declaración de Becker.
Mientras tanto, cientos de opositores comparecieron en persona o llamaron a la comisión para expresar sus preocupaciones.
Susan Arnall, abogada californiana y vicepresidenta de Asuntos Legales de la Liga del Derecho a la Vida —la primera organización provida de Estados Unidos— advirtió a los legisladores de los detalles del proyecto de ley, que permitiría que los «asesinatos» intencionados de bebés eludieran la investigación penal.
Dijo que el proyecto de ley estaría «bloqueando el uso de la investigación y las conclusiones del forense sobre la muerte de un bebé en cualquier acción penal o civil y contra cualquier persona, no solo la madre, sino cualquiera que estuviera involucrado de alguna manera», advierte.
Continuó explicando que el proyecto de ley prohíbe a los forenses divulgar información sobre las muertes «perinatales»—es decir, la muerte de un bebé antes o después del nacimiento.
Americans United for Life advirtió de que la falta de definición de «perinatal» puede «legalizar el abandono de niños» inmediatamente después del nacimiento o poco después.
«Si se encuentra a un niño en un contenedor de basura, ¿pueden la policía investigar la muerte del niño? Probablemente no con la AB 2223», escribió la organización en un comunicado dirigido a la Legislatura.
Aunque muchos rogaron a los legisladores que no aprobaran el proyecto de ley, el voto para mover la propuesta de ley prevaleció.
El AB 2223 fue remitido al Comité de Salud para otra audiencia en una fecha posterior.
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